La Corte Suprema de Argentina rechazó este martes 10 de junio de 2025 el recurso presentado por la expresidenta Cristina Fernández (2007-2015) y dejó en firme la condena a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos, dictada contra ella en 2022 por irregularidades en la concesión de obras viales. Tras esta decisión, adoptada por unanimidad por los tres jueces del Supremo, Fernández podría ser detenida en las próximas horas o días para cumplir la condena.
«Las sentencias dictadas por los tribunales anteriores se asentaron en la profusa prueba producida (…) sin que se haya demostrado en modo alguno que la decisión apelada no constituya una derivación razonada del derecho vigente de conformidad con las circunstancias particulares comprobadas en la causa, ni que durante el proceso se haya vulnerado alguna garantía constitucional», dice el fallo de los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti.
Y añade: «El debido proceso ha sido salvaguardado y la recurrente ha obtenido una sentencia fundada en ley». De esta forma, se ratifica la condena en segunda instancia por irregularidades en la concesión de obras públicas en la provincia de Santa Cruz (sur). Ahora, el fallo de la Corte debe ser remitido al Tribunal Oral Federal 2 para que su titular, el juez Jorge Gorini, ejecute la sentencia dictada en 2022.
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La Corte Suprema de Argentina rechazó este martes (10.06.2025) el recurso presentado por la expresidenta Cristina Fernández (2007-2015) y dejó en firme la condena a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos, dictada contra ella en 2022 por irregularidades en la concesión de obras viales. Tras esta decisión, adoptada por unanimidad por los tres jueces del Supremo, Fernández podría ser detenida en las próximas horas o días para cumplir la condena.
«Las sentencias dictadas por los tribunales anteriores se asentaron en la profusa prueba producida (…) sin que se haya demostrado en modo alguno que la decisión apelada no constituya una derivación razonada del derecho vigente de conformidad con las circunstancias particulares comprobadas en la causa, ni que durante el proceso se haya vulnerado alguna garantía constitucional», dice el fallo de los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti.
Y añade: «El debido proceso ha sido salvaguardado y la recurrente ha obtenido una sentencia fundada en ley». De esta forma, se ratifica la condena en segunda instancia por irregularidades en la concesión de obras públicas en la provincia de Santa Cruz (sur). Ahora, el fallo de la Corte debe ser remitido al Tribunal Oral Federal 2 para que su titular, el juez Jorge Gorini, ejecute la sentencia dictada en 2022.
Con Información de Agencias
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