El exviceministro de Energía en Venezuela, Javier Alvarado, está colaborando con la Justicia española por la concesión directa de una obra pública de 1.500 millones en la que estarían implicados Zapatero, Maduro y Chávez, en una trama de sobornos que gira en torno a la empresa española Duró Felguera y el saqueo de la petrolera estatal PDVSA. Alvarado ha proporcionado pruebas documentales ante la Audiencia Nacional que vinculan directamente esta adjudicación con acuerdos políticos entre altos cargos de los gobiernos de España y Venezuela, en un escándalo internacional que salpica al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero.
Los documentos entregados por Alvarado a la Sala Penal apuntan a que la adjudicación del macroproyecto energético —la planta Termocentro— se hizo sin licitación ni competencia alguna, como resultado de contactos directos entre el ministro venezolano Rafael Ramírez y su homólogo español de Exteriores en la época, Miguel Ángel Moratinos. La operación, según la declaración de Alvarado, fue ordenada desde lo más alto del gobierno bolivariano y no pudo haberse realizado sin el visto bueno de Chávez y su entorno más cercano.
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Según Alvarado, este entramado no fue casual ni puntual, sino parte de una estrategia bien diseñada para beneficiar a determinadas empresas a cambio de sobornos millonarios. A lo largo del proceso, Duró Felguera pagó más de 100 millones de euros en comisiones ilegales para asegurarse la adjudicación de la planta energética, cuyos pagos se canalizaron a través de complejos entramados financieros en Banca Privada d’Andorra (BPA), entidad clave en el movimiento de fondos.
Los sobornos terminaron en cuentas opacas vinculadas a altos cargos venezolanos, entre ellos el propio Alvarado, Nervis Villalobos (también exviceministro), y otros dirigentes chavistas. BPA, en aquel momento controlada por los hermanos Cierco y dirigida por Joan Pau Miquel, actuó como pieza central de la red financiera, permitiendo que el dinero se camuflara mediante sociedades ficticias y falsos contratos de asesoría.
El origen de la investigación se remonta a 2015, cuando el Sepblac —organismo español encargado de prevenir el blanqueo de capitales— detectó movimientos sospechosos en Banco Madrid, filial de BPA, relacionados con dirigentes venezolanos. Esto encendió las alarmas sobre una red de expolio sistemático de fondos públicos de PDVSA, y el rol de Duró Felguera como beneficiaria de contratos conseguidos mediante pagos ilícitos.
En este contexto, Alvarado sostiene que el acuerdo que permitió la adjudicación de la planta Termocentro se fraguó durante encuentros de alto nivel, como la visita de Zapatero a Venezuela en 2005 y la posterior de Chávez a España en 2008. Un protocolo de cooperación firmado entre Moratinos y Maduro en octubre de ese año selló la colaboración bilateral que, según Alvarado, sirvió de pretexto para ejecutar contratos sin ningún tipo de licitación.
El relato del exviceministro adquiere más peso cuando se conoce que los documentos entregados ahora también vinculan esta trama con el denominado ‘caso Morodo’. Raúl Morodo, exembajador de España en Caracas durante el mandato de Zapatero, fue condenado por ocultar ingresos de origen sospechoso procedentes de PDVSA, aunque la investigación inicial apuntaba más alto. Juan Carlos Márquez, exdirectivo de la petrolera venezolana y principal testigo, fue hallado muerto un día después de anunciar que iba a destapar todo el entramado. Su muerte impidió que se siguiera el rastro hacia figuras más relevantes del entorno político español.
El patrón se repite en otros casos vinculados a PDVSA y BPA. Oswaldo Ramón González Santos, de 45 años, fue asesinado tras haber sido identificado por Alvarado como responsable del control de pérdidas de la petrolera y, más tarde, como directivo de Electricidad de Caracas, empresa que firmó con Duró Felguera el contrato millonario. Murió tiroteado por una patrulla de la Guardia Bolivariana cuando, según testigos, se dirigía a una reunión con fiscales para colaborar en la investigación sobre el expolio.
Aunque las autoridades venezolanas alegaron que fue confundido con un secuestrador por conducir una furgoneta similar a la que se buscaba, Alvarado asegura que su muerte tuvo una clara motivación: impedir que entregara la información que poseía sobre el desvío de entre 2.000 y 4.000 millones de dólares a través del sistema bancario andorrano. Su asesinato ocurrió apenas dos semanas después de que BPA fuese intervenida.
Con información de La Gaceta
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