El excandidato presidencial Enrique Márquez cumplió seis meses detenido. Lo arrestaron en enero tras denunciar graves irregularidades en las elecciones del 28 de julio del año pasado, en las que Edmundo González obtuvo más de 7 millones de votos, superando a Nicolás Maduro, según los resultados que reportaron testigos electorales y observadores independientes
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El Partido Comunista de Venezuela, una de las organizaciones políticas que han cuestionado el proceso, organizó un tuitazo en redes sociales para exigir su liberación. A través de su cuenta en X, expresó: “Se cumplen seis meses de la detención arbitraria del excandidato presidencial Enrique Márquez. Defender derechos no es delito”.
Está detenido en El Helicoide, una de las sedes en Caracas del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional.
¿Por qué está preso Enrique Márquez?
El régimen de Nicolás Maduro acusa a Enrique Márquez de estar vinculado a un supuesto plan para ejecutar un golpe de Estado el 10 de enero. Pero su detención ocurrió semanas después de denunciar públicamente al Consejo Nacional Electoral de manipular los resultados de las presidenciales.
“Las actas que nosotros recibimos son completamente diferentes en sus tendencias a los resultados que está arrojando el Consejo Nacional Electoral. Lo que nosotros vimos en las actas de nuestros testigos no se corresponde con ese resultado que el CNE intenta imponer por la fuerza”, dijo en esa alocución.
El excandidato aseguró que el CNE se escudó en un supuesto hackeo del sistema de transmisión de datos para justificar las inconsistencias, pero, en lugar de facilitar una auditoría del proceso, suspendió la revisión técnica que estaba prevista para el lunes siguiente, sin ofrecer explicaciones.
“Debería ser el más interesado en mostrar a la opinión pública nacional e internacional que no hubo irregularidades, pero decidió ocultar información”, sostuvo.
También relató que a su equipo de campaña le impidieron presenciar el proceso de totalización. A Robert Rodríguez, su testigo nacional acreditado ante la Junta Nacional Electoral, le negaron el acceso. A pesar de ello, lograron ubicar a una ingeniera en la sala de totalización, quien reportó que el boletín número 1 no se imprimió en ese lugar ni en presencia de los testigos, como establece la normativa electoral.
“Yo digo claramente: el boletín no se produjo allí. No sé dónde se produjo”, afirmó.
Organizaciones de derechos humanos nacionales e internacionales han solicitado su liberación y han calificado su caso como un ejemplo de criminalización de la disidencia política. Su equipo legal ha denunciado retrasos procesales, aislamiento y falta de acceso a su expediente completo.
Con información de El Nacional
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