Durante el primer semestre de este año 2025, Venezuela ha sido escenario de 144 violaciones a la libertad de expresión, según un reciente informe de la ONG Espacio Público. La organización ha denunciado una alarmante intensificación de estas agresiones en junio, con un particular enfoque en economistas y analistas financieros que comparten información sobre la inflación y el poder adquisitivo en el país.
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El informe de Espacio Público detalla que la censura y la intimidación fueron las formas más prevalentes de violación durante este período. Los principales blancos de estas acciones han sido periodistas, medios de comunicación y ciudadanos en general. Las cifras son contundentes: se documentaron 23 detenciones y 44 incidentes relacionados con el entorno digital, lo que subraya el uso continuo del poder estatal para silenciar voces críticas.
En el mes de junio, el informe registró tres incidentes específicos de violación a la libertad de expresión: dos casos de censura y uno de intimidación. Estos ataques afectaron tanto a periodistas y reporteros como a plataformas web, y se distribuyeron en diversas regiones, incluyendo el estado Táchira, en la frontera con Colombia, según precisó la organización en un comunicado de prensa.
Espacio Público también ha manifestado una profunda preocupación por el alarmante aumento en las persecuciones contra economistas y analistas financieros. Estos profesionales han sido hostigados por difundir datos relacionados con la inflación y el poder adquisitivo. La ONG asegura que al menos cinco de estos analistas fueron detenidos sin cargos formales, en un contexto caracterizado por un estricto control sobre las cifras económicas oficiales.
«Este patrón forma parte de una estrategia para limitar el acceso a información veraz sobre la situación económica del país», expresó el Observatorio Venezolano de Finanzas, que ha condenado estos actos como un intento de silenciar el análisis económico independiente.
Además, el informe destaca el caso de la periodista Nakary Mena Ramos, quien fue detenida en abril por publicar un reportaje sobre la inseguridad en Venezuela. Un tribunal de Caracas ratificó su prisión preventiva, imputándola por “instigación al odio” y “publicación de noticias falsas”. Su pareja, Gianni González, también fue imputado en el mismo caso.
Según datos del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP), 20 periodistas se encuentran detenidos en Venezuela, de los cuales 12 enfrentan procesos penales con medidas cautelares. Espacio Público continúa alertando sobre el persistente y preocupante uso del poder estatal para restringir la libertad de expresión en el país.
Con información de Espacio Público
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