El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS) reiteró formalmente este lunes 6 de octubre la decisión de poner fin al Estatus de Protección Temporal (TPS) otorgado a los ciudadanos venezolanos.
La medida, que impactará a más de 300.000 migrantes, se basa en la determinación de que el país suramericano ya no cumple con los criterios legales para justificar la continuidad del programa.
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En un aviso publicado en su sitio web, el organismo migratorio detalló que la decisión fue tomada por la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, tras una evaluación exhaustiva. «Venezuela ya no cumple con los requisitos para su designación al Estatus de Protección Temporal (TPS)», citó el comunicado de USCIS, que precisa que esta determinación se tomó luego de consultar con las agencias gubernamentales correspondientes.
La Decisión Avalada por la Corte Suprema
La resolución establece que el TPS otorgado en 2023 será terminado, pues se considera “contrario al interés nacional” de Estados Unidos. La fecha límite para el fin definitivo del TPS de 2021 está fijada para el 7 de noviembre de 2025, a las 11:59 p.m., dejando a miles de beneficiarios en una situación migratoria incierta.
Esta decisión del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) se produce pocos días después de que la Corte Suprema de Estados Unidos avalara la potestad del actual gobierno para retirar las protecciones temporales de deportación.
El pasado viernes 3 de octubre, el máximo tribunal emitió una orden que permite seguir adelante con la cancelación del programa.
Según la información de USCIS, los beneficiarios que recibieron su Documento de Autorización de Empleo (EAD) antes del 5 de febrero de 2025 mantendrán su permiso de trabajo hasta la fecha de vencimiento (2 de octubre de 2026).
Sin embargo, una vez concluido ese periodo, no se renovarán los permisos ni se aceptarán nuevas solicitudes bajo el amparo del TPS venezolano.
El gobierno ha defendido la medida, argumentando que el programa fue «abusado políticamente» y que, según su criterio, «Venezuela debe asumir su propio proceso de reconstrucción interna».
Por otro lado, organizaciones de derechos humanos y defensores de migrantes han alzado la voz, advirtiendo que la decisión expone a miles de familias trabajadoras a una posible deportación hacia un país que, aunque las autoridades estadounidenses señalen lo contrario, aún enfrenta serios desafíos a nivel político y económico.
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