La política exterior de Estados Unidos ha puesto el foco en las acciones internas de Venezuela. La congresista republicana María Elvira Salazar ha elevado una firme exigencia al Departamento del Tesoro de EE. UU. para que se apliquen sanciones inmediatas contra el político venezolano Luis Ratti. La demanda surge como una respuesta directa a la controvertida propuesta de Ratti de despojar de su nacionalidad a ciudadanos que mantengan una postura crítica o disidente.
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La petición de la congresista Salazar subraya la alarma internacional ante lo que se percibe como un intento de utilizar la ciudadanía venezolana como un instrumento de castigo político. La legisladora ha calificado la iniciativa de Ratti como una amenaza directa a los derechos humanos y las libertades civiles.
Dura condena por amenaza a la ciudadanía
La congresista María Elvira Salazar utilizó su plataforma en redes sociales para condenar enérgicamente la propuesta, equiparándole con prácticas que socavan los derechos fundamentales de los venezolanos. En su mensaje, la funcionaria estadounidense citó textualmente las palabras de Ratti, que buscan castigar a quienes tienen una opinión distinta.
Salazar insistió en que esta iniciativa es contraria a los principios democráticos. Las citas textuales que reflejan la postura de la congresista fueron contundentes: «quiere revocar la nacionalidad a quienes piensan distinto» y «Esto es fascismo puro».
La escalada de la retórica y la exigencia de acción se formalizaron con una declaración perentoria: «Exijo sanciones YA de Estados Unidos» contra Ratti, a quien calificó como un «agente del crimen organizado». La congresista concluyó su mensaje con una firme defensa del derecho inalienable a la ciudadanía y a la libertad de expresión, afirmando categóricamente que «La libertad no se revoca».
La propuesta de Ratti de revocar la nacionalidad a venezolanos por nacimiento es altamente cuestionada en el país, ya que la Constitución Nacional establece que los venezolanos por nacimiento no pueden ser privados de su ciudadanía, una garantía legal que, según expertos constitucionalistas, hace la propuesta completamente inviable e inconstitucional.
La intervención de María Elvira Salazar pone de relieve la preocupación de la comunidad internacional sobre el uso de medidas coercitivas y la criminalización de la disidencia en Venezuela, manteniendo el foco en la defensa de los derechos civiles y la libertad de expresión
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