El gobierno de Nicolás Maduro ha escalado la tensión diplomática con Estados Unidos al formalizar una enérgica denuncia ante la Organización Marítima Internacional (OMI) por la confiscación de un buque petrolero en aguas internacionales.
La acción, ejecutada por fuerzas armadas estadounidenses, ha sido calificada por Caracas como una «violación flagrante de la libertad de navegación y comercio marítimo».
En ese sentido, la vicepresidenta ejecutiva y ministra de Hidrocarburos, Delcy Rodríguez, lideró la presentación ante el organismo internacional, exigiendo la activación inmediata de todos los mecanismos contemplados en los convenios internacionales.
Rodríguez sostuvo que el objetivo de la denuncia es proteger la navegación, garantizar el comercio marítimo petrolero y lograr que se sancione cualquier acto hostil contra embarcaciones civiles venezolanas.
El Ministerio de Hidrocarburos utilizó sus canales oficiales para denunciar la interceptación, afirmando que Estados Unidos busca «apropiarse de recursos nacionales de manera ilegal».
Según la cartera ministerial, la incautación se inscribe en un patrón de agresiones económicas, con la intención manifiesta de obtener el crudo venezolano «sin pagar».
Rodríguez enfatizó que Venezuela está actuando conforme al derecho internacional y que defenderá sus recursos naturales ante todas las instancias.
La operación de intercepción, que incluyó el abordaje del navío por personal armado proveniente de helicópteros y lanchas rápidas, se centró en el buque petrolero identificado como Skipper.
De acuerdo con reportes internacionales, aunque el navío navegaba supuestamente bajo una bandera falsa, la incautación fue ordenada por un juez estadounidense basándose en supuestos vínculos anteriores del barco con el contrabando de petróleo iraní, una actividad sujeta a las sanciones de Washington.
No obstante, The New York Times reveló que, en el momento de la incautación, el Skipper transportaba crudo de origen venezolano.
La Casa Blanca confirmó la operación y anunció que el petróleo incautado será trasladado a un puerto en Estados Unidos para ser formalmente requisado.
Esta medida intensifica la presión sobre el sector petrolero venezolano y plantea serias interrogantes sobre el alcance de las jurisdicciones marítimas y la legalidad de las acciones unilaterales de incautación.
Caracas considera que este acto es una clara violación a la soberanía económica y al derecho a la libre circulación de bienes en el mar.
La controversia legal y diplomática promete prolongarse en los escenarios internacionales.
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