El Ministerio Público informó el inicio de una investigación tras denuncias de familiares de personas privadas de libertad sobre presuntas «irregularidades» en el Centro Penitenciario Yare III, ubicado en el estado Miranda.
En un comunicado, la institución señaló que fue designada una comisión de fiscales adscritos a la Dirección de Protección de Derechos Humanos, encabezada por un fiscal con competencia nacional, con el objetivo de esclarecer lo ocurrido y garantizar los derechos de la población privada de libertad en este recinto.
El Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP) denunció que las autoridades del Centro Penitenciario Yare III, en el estado Miranda, suspendieron sin previo aviso las visitas familiares previstas para este lunes 20 de abril.
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La medida se produjo en medio de rumores sobre un presunto motín ocurrido durante la madrugada, que posteriormente fue confirmado por las autoridades, lo que generó preocupación entre los familiares que se congregaron a las afueras del penal sin recibir información oficial.
La organización señaló, a través de un comunicado publicado en redes sociales, que únicamente se permitió el ingreso de paquetería con alimentos y artículos de uso personal, mientras los parientes exigían poder ver a sus allegados.
Familiares de presos en Yare III exigen información
Testimonios recogidos por el OVP señalaron que hasta el momento no se había recibido información oficial sobre lo ocurrido en horas de la madrugada en Yare III. “Lo único que dijeron es que supuestamente estaba la Fiscalía dentro con el Plan Cayapa, pero no hemos visto salir a nadie ni sabemos más nada”, relató un familiar.
Otros asistentes indicaron haber observado el ingreso de unidades y ambulancias al recinto. También señalaron versiones no confirmadas sobre incidentes en los módulos II y IV.
Denuncia por violación de derechos
El OVP advirtió que la suspensión de visitas sin causa justificada, sumada a la falta de información, constituye una violación a los estándares internacionales de derechos humanos.
La organización subrayó que la visita familiar es un derecho fundamental para los reclusos y sus allegados, y cuestionó que este tipo de medidas se adopten sin planificación ni comunicación previa.
Asimismo, alertó sobre el impacto económico en los familiares, muchos de los cuales recorren largas distancias, pernoctan en las inmediaciones del penal e invierten recursos limitados para llevar alimentos e insumos básicos que, en numerosos casos, representan el sustento principal de los internos.
El observatorio calificó la situación como una forma de maltrato hacia los familiares, al someterlos a largas esperas bajo el sol y a la incertidumbre ante la falta de respuestas oficiales.
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