La abogada, activista de derechos humanos y presidenta de la ONG Control Ciudadano, Rocío San Miguel, regresó a Venezuela la noche de este martes 26 de mayo, tras haber vivido en España desde que la excarcelaron el pasado mes de enero.
San Miguel fue detenida en febrero de 2024 cuando se disponía a viajar fuera del país junto a su hija. En el aeropuerto de Maiquetía, en La Guaira, apresaron a las dos. Después de que varias organizaciones defensoras de derechos humanos denunciaron su desaparición forzada, se conoció que también habían detenido a dos hermanos de la jurista, el papá de su hija y su expareja.
Después de que la excarcelaron en enero pasado, viajó a Madrid. Aterrizó en la capital española el 9 de enero, pero no tuvo contactos con los medios de comunicación. Su hermano aclaró en ese momento que no podía emitir declaraciones y no contaba con libertad plena.
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Su un caso que impactó a la comunidad internacional y organizaciones de derechos humanos por ser Rocío San Miguel una de las voces más conocidas sobre el mundo militar en Venezuela. El entonces fiscal general de la República, Tarek William Saab, se enfureció y amenazó a medios de comunicación y organizaciones no gubernamentales por denunciar que estaba en desaparición forzada.
Incluso, la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para DDHH usó ese término, considerado un crimen de lesa humanidad según el Estatuto de Roma, lo que provocó la expulsión de sus funcionarios de Caracas, medida que anunció el depuesto Nicolás Maduro.
«Es importante aclarar, con absoluta responsabilidad jurídica, que no se trata de una libertad plena, sino de una medida cautelar sustitutiva de la privación de libertad, otorgada en el marco de su proceso judicial. La ciudadana Rocío San Miguel mantiene medidas de prohibición de declarar públicamente, razón por la cual ninguna persona está autorizada desde el momento de su excarcelación a emitir declaraciones en su nombre, atribuirle opiniones, posiciones, agradecimientos, valoraciones políticas o jurídicas, ni interpretar su situación personal, legal, de salud, ni las condiciones que vivió en reclusión», dijo el hermano de la activista, José Manuel San Miguel, sobre los motivos del silencio de la abogada al llegar a Madrid.
San Miguel estuvo recluida desde febrero de 2024 y hasta enero de 2026 en El Helicoide, la principal sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) donde sufrió una caída y se fracturó un hombro. Sin embargo, no recibió atención médica oportuna ni especializada como pidieron sus allegados. Además, solo le permitían mantener contacto con su hija.
Después de la excarcelación, una de las abogadas cercanas a la activista, Theresly Malavé, contó que durante su encarcelamiento debieron operarla en dos oportunidades. Sufrió aislamiento, torturas psicológicas y condiciones durísimas de reclusión, lo que el chavismo intentó usar como un castigo ejemplarizante contra defensores de derechos humanos en el país.
La Fiscalía la acusó de supuestos delitos de traición a la patria, terrorismo y conspiración, además de señalarla de que había entregado mapas de papel a Estados Unidos, como una presunta muestra de su cooperación con un gobierno extranjero. Junto con ella dejaron en la cárcel a su exesposo, Alejandro González de Canales, un coronel retirado de la Aviación Venezolana que fue gerente de la empresa petrolera estadounidense Chevron.
San Miguel tiene restricciones para hablar con la prensa
Este miércoles, 27 de mayo, su hermano volvió a fungir como vocero a través de un comunicado en el que confirma su retorno al país. Primero para reunirse y reencontrarse con sus familiares, así como para ponerse al día de las «causas judiciales aún pendientes relacionadas con su caso», dice el texto.
Añade que esperan que se resuelva su situación jurídica conforme al derecho, sin aclarar si optarán por aplicar a la Ley de Amnistía aprobada por el Parlamento, que controla el chavismo el pasado 19 de febrero.
Insistieron en que ella «continúa sujeta a restricciones y medidas cautelares vigentes, entre ellas la prohibición de dar declaraciones a medios de comunicación, así como realizar cualquier tipo de comunicación pública en prensa, radio, televisión y cualquier otro medio electrónico, razón por la cual, cualquier información relacionada con esta situación continuará siendo comunicada exclusivamente a través de su entorno familiar autorizado».
Los pedidos que desoyó Maduro y su entorno
El 20 de febrero de 2024, más de una semana después de su detención, la organización Amnistía Internacional se dirigió al gobierno de Nicolás Maduro para exigir su liberación, pero el chavismo desoyó los pedidos para dejarla en libertad.
«Amnistía Internacional ha denunciado durante años el uso de detenciones arbitrarias por motivos políticos como parte de una política de represión implementada por el gobierno de Nicolás Maduro contra personas que puedan ser consideradas críticas con el gobierno. Estas detenciones arbitrarias forman parte de un ataque generalizado y sistemático contra la población de Venezuela y podrían constituir crímenes de lesa humanidad», dijeron en ese momento.
Mencionaron las desapariciones forzadas, de corta o larga duración, como parte de una política represiva de la gestión de Maduro, a quien fuerzas especiales estadounidenses capturaron el pasado 3 de enero junto con su esposa, Cilia Flores, tras una operación relámpago en Caracas. A los dos los entregaron a la justicia de ese país donde afrontan un juicio desde entonces. Se encuentran recluidos en una cárcel de máxima seguridad de Nueva York.
Y agregaron sobre este tipo de prácticas que «el gobierno de Nicolás Maduro ha acosado, procesado y censurado continuamente a activistas y organizaciones de la sociedad civil que trabajan para proteger los derechos de la población venezolana en medio de una compleja emergencia humanitaria y una profunda crisis de derechos humanos que está obligando a cantidades sin precedentes de personas a huir en busca de seguridad y protección. A noviembre de 2023, más de 7,72 millones de personas (lo que representa más del 25% de la población total del país) habían huido de las violaciones de derechos humanos cometidas de forma masiva en Venezuela».
San Miguel fue una de las primeras en recibir la excarcelación el 8 de enero pasado, tras un anuncio del chavismo sobre otorgar medidas a cientos de presos políticos después de que los militares estadounidenses extrajeron a Maduro y lo depusieron como gobernante.
Con información El Pitazo
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