La crisis humanitaria compleja que arrastra Venezuela desde 2015 no solo ha pulverizado la economía, sino que ha transformado los hogares en escenarios de un peligro silente. Un reciente informe cualitativo del Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA) advierte que la Violencia Basada en Género (VBG) en el país ya no solo se mantiene, sino que ha mutado hacia formas de explotación mucho más crueles y complejas.
El estudio, titulado “Necesidades y riesgos de violencia basada en género en el marco de la crisis multifactorial que atraviesa Venezuela”, recopiló testimonios en 11 estados del territorio nacional.
La investigación expone cómo la precariedad económica, el colapso institucional y la desigualdad estructural han incrementado la vulnerabilidad de mujeres y niñas, mutando la violencia de género en Venezuela.
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De las 234 personas consultadas, el 79,5 % corresponde a sobrevivientes de violencia o integrantes de grupos especialmente vulnerables, entre ellos mujeres indígenas, afrodescendientes, adultas mayores, personas con discapacidad y miembros de la comunidad LGBTIQ+.
La crisis dentro del hogar
El estudio identifica tres áreas donde el deterioro de las condiciones de vida impacta de manera directa a las mujeres.
Hambre y sacrificio cotidiano
Aunque la escasez extrema registrada entre 2018 y 2020 ha disminuido, los ingresos continúan siendo insuficientes para cubrir las necesidades básicas. En muchos hogares, son las madres quienes asumen el mayor costo de esta realidad, reduciendo sus propias raciones de alimentos para garantizar la alimentación de sus hijos.
Esta práctica, convertida en una estrategia de supervivencia, tiene consecuencias severas sobre la salud física y emocional de las mujeres, aumentando los niveles de estrés, ansiedad y desnutrición. El informe señala además que las bolsas de alimentos distribuidas por los CLAP continúan siendo irregulares y presentan limitaciones nutricionales.
Salud postergada
La precariedad del sistema sanitario también afecta de forma desproporcionada a las mujeres. La falta de insumos, personal especializado y servicios accesibles ha provocado una privatización de facto de la atención médica.
Como consecuencia, muchas venezolanas retrasan o suspenden controles preventivos, exámenes ginecológicos y consultas relacionadas con su salud sexual y reproductiva, exponiéndose a riesgos que podrían prevenirse con atención oportuna.
La carga invisible del cuidado
La crisis de los servicios públicos ha multiplicado las responsabilidades domésticas. Los frecuentes cortes eléctricos, la escasez de agua potable y las dificultades para acceder al gas doméstico obligan a destinar más tiempo y esfuerzo a tareas básicas del hogar.
Esta situación ha consolidado lo que el informe denomina una “triple jornada” femenina: combinar actividades económicas —generalmente informales— para generar ingresos, asumir las labores domésticas y encargarse del cuidado de niños, adultos mayores o personas dependientes, todo ello sin remuneración ni reconocimiento.
Un problema con alcance nacional
La investigación se desarrolló mediante entrevistas y grupos focales en Amazonas, Apure, Bolívar, Delta Amacuro, Distrito Capital, Falcón, Lara, Miranda, Sucre, Táchira y Zulia, permitiendo construir una radiografía amplia de la situación en distintas regiones del país.
Nuevas formas de violencia en un contexto de precariedad
El informe advierte que la crisis en Venezuela no solo ha intensificado las formas tradicionales de violencia —física, psicológica y sexual—, sino que también ha favorecido la expansión de nuevas modalidades de explotación y abuso.
Entre las principales preocupaciones destacan:
- La trata de personas con fines de explotación sexual.
- Las prácticas de sexo por supervivencia.
- El aumento de la violencia digital y el acoso a través de redes sociales.
- El crecimiento de los femicidios y de las tentativas de femicidio.
Aunque las parejas y exparejas continúan siendo los principales agresores, el escenario se vuelve aún más complejo en zonas fronterizas y en el Arco Minero del Orinoco. Allí, grupos armados no estatales ejercen control territorial y someten a mujeres y niñas a diversas formas de violencia, explotación y coerción.
Redes comunitarias frente a un Estado insuficiente
Ante la ausencia de respuestas efectivas, muchas comunidades han desarrollado mecanismos de apoyo mutuo y estrategias para fortalecer la autonomía económica de las mujeres. Sin embargo, estas iniciativas resultan insuficientes frente a la magnitud del problema.
La demanda de atención psicológica, protección legal y acompañamiento especializado supera ampliamente la capacidad de respuesta disponible, mientras que las instituciones públicas continúan presentando importantes limitaciones.
Una respuesta institucional fragmentada
Las conclusiones del UNFPA son contundentes. El organismo señala que la respuesta estatal en Venezuela frente a la violencia basada en género sigue marcada por la fragmentación de los servicios, la escasez de recursos, los obstáculos burocráticos y procesos que, en muchos casos, terminan revictimizando a quienes buscan denunciar.
En este contexto, la violencia contra las mujeres no solo constituye una grave violación de derechos humanos, sino también un obstáculo para cualquier proceso de recuperación social y económica. Mientras esta problemática permanezca sin atención efectiva, las posibilidades de reconstrucción sostenible del país seguirán enfrentando una profunda deuda con millones de venezolanas.
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