Al menos 16 años tiene el proceso judicial contra la jueza María Lourdes Afiuni, quien fue condenada a cinco años de prisión, los cuales fueron cumplidos. Por tal motivo, sus familiares solicitan a las autoridades judiciales el cierre definitivo de la causa penal. Esta petición se hace en medio de las recientes excarcelaciones de presos políticos, impulsadas por el nuevo contexto del país.
En 2009, Afiuni fue detenida tras la supuesta liberación irregular de un empresario. Su hermano Nelson contó a EFE que lleva más de una década enfrentando un proceso judicial que actualmente la mantiene con libertad restringida, pese a que ya venció la condena de cinco años que le fue impuesta en 2020 por ««»corrupción espiritual»»», una figura no prevista en el Código Penal usada para justificar la acusación contra la exfuncionaria al no comprobarse un beneficio económico.
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Exigió a las autoridades venezolanas que «Cierren ya el caso, es decir, ya cumplió su condena, cierren el caso porque lleva 16 años, ya pasó una parte de la pena presa, otra la pasó detenida en la casa».
Ante la Ley de Amnistía aprobada recientemente por la Asamblea Nacional (AN), la familia de la magistrada solicitó que fuera considerado el caso de Afiuni, pero, fue negada. Aunque estaban previsto los casos de presos políticos de los últimos 27 años.
Nelson Afiuni aseveró que presentaron el caso ante el Programa de Convivencia y Paz de la presidenta encargada, Delcy Rodríguez y tampoco fue considerado.
Su hermano Nelson recordó que María Lourdes Afiuni es una presa política desde el Gobierno de Hugo Chávez (1999-2013), y por ello la familia consideró que la amnistía era aplicable en su caso.
Actualmente, la jueza tiene una libertad condicional ««»porque no puede salir de la ciudad, no puede hablar a la prensa, no puede hablar en redes sociales, no tiene derecho al voto, no tiene derecho a un pasaporte, está inhabilitada políticamente»»», agregó su hermano.
— Núcleo Noticias (@NucleoNoticias) June 5, 2026
Acusación de operaciones cambiarias ilegales
En 2007, el empresario Eligio Cedeño fue detenido bajo la acusación de efectuar operaciones cambiarias ilegales. En ese entonces, la exjueza lo liberó, posteriormente, quedó aprehendida por la supuesta liberación irregular del empresario.
La abogada aseguró en un libro sobre su caso haber sido violada en prisión y denunció un deterioro de su salud producto de su tiempo en la cárcel; la Fiscalía la emplazó entonces a presentar la denuncia para comenzar la investigación y ésta se negó a hacerlo.
Hugo Rafael Chávez la acusó de «bandida» y pidió la máxima pena de prisión para la magistrada. Estuvo en prisión 14 meses y se le concedió el arresto domiciliario por razones de salud en 2011.
Su caso pasó por varios jueces y cuando fue condenada en 2020 se ratificaron las medidas cautelares que mantenía desde 2014, cuando le fue dictada la libertad condicional, como son «prohibición de salida del país, no hablar a la prensa, no hablar en las redes sociales y presentación cada 30 días ante tribunales».
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