Soledad Fernández deja el cargo tras cuatro años de gestión. Aunque el Gobierno asegura que los motivos son estrictamente personales y profesionales, la dimisión coincide con la controversia judicial que salpica al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero.
Una salida envuelta en controversia judicial
La directora general de la Agencia Tributaria de España, Soledad Fernández, dejará su cargo próximamente. La noticia llega tras intensos rumores sobre su continuidad y en un momento político delicado.
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Según adelantó The Objective, el relevo coincide temporalmente con la investigación del caso Plus Ultra. En este proceso, un juez ofreció formalmente a la Agencia Tributaria personarse como «potencial perjudicada» debido a la incautación de unas joyas valoradas en 1,3 millones de euros en un despacho vinculado al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero. La resolución judicial busca determinar si existió un delito fiscal que haya causado un perjuicio patrimonial al Estado.
La postura oficial frente a las presiones políticas
Desde el organismo fiscal niegan tajantemente que la salida de Fernández esté vinculada a este escándalo:
- Petición previa: Fuentes oficiales aseguran que la directora había solicitado su relevo hace meses.
- Calendario pactado: Se acordó retrasar su salida hasta el cierre de la campaña de la declaración de la renta, que concluyó el pasado 30 de junio.
Por su parte, la oposición ya se ha movilizado. El Partido Popular (PP) solicitó la comparecencia de Fernández en la comisión de investigación del Senado sobre la gestión de la SEPI, programada para el 13 de julio, exigiendo que se aclare la postura del fisco ante el caso de las joyas.
Balance de su gestión y perfil profesional
Soledad Fernández es licenciada en Derecho e inspectora de Hacienda del Estado, con una larga trayectoria que incluye la presidencia del Tribunal Económico-Administrativo Central.
Durante sus cuatro años al frente de la institución, su gestión se centró en el desarrollo del Plan Estratégico 2024-2027, cuyos pilares principales fueron:
- Optimizar la atención al contribuyente y simplificar trámites.
- Fomentar el cumplimiento fiscal voluntario.
- Reforzar la persecución de las redes complejas de fraude tributario.
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