El Departamento de Justicia de los EE.UU. acusó formalmente a ocho migrantes de origen venezolano de pertenecer a la banda transnacional Tren de Aragua y de participar en graves delitos violentos, incluyendo asesinatos y secuestros, en los estados de Texas e Illinois.
Según el informe gubernamental, todos los implicados ingresaron de forma irregular al territorio estadounidense entre diciembre de 2021 y abril de 2024. De ser declarados culpables, los procesados podrían enfrentar penas de cadena perpetua, y cinco de ellos podrían ser condenados a la pena de muerte.
Distribución de los cargos por estados
Distrito Norte de Texas: Cinco de los procesados fueron imputados por cargos de conspiración de crimen organizado, secuestro y asesinato.
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Chicago (Illinois): Los tres acusados restantes enfrentan cargos por el secuestro y asesinato a tiros de un hombre, ocurrido en mayo de 2024.
Falta de detalles en la acusación de Texas
A pesar de la gravedad de los cargos en Texas, el documento judicial ofrece pocos detalles concretos y no expone públicamente las pruebas que sustentan la acusación.
El texto señala que los acusados secuestraron a tres personas el 24 de agosto de 2024, y responsabiliza directamente a Héctor García Zúñiga, Carlos Zambrano Bolívar y Jhonny Martínez Serrano por el asesinato de una de las víctimas. No obstante, la acusación omitió la identidad de los afectados y no precisó las acciones individuales atribuidas a cada procesado.
El antecedente de Zambrano Bolívar: Uno de los principales acusados, Carlos Zambrano Bolívar, ya había sido sometido en febrero a un juicio estatal por asesinato capital relacionado con estos hechos. Sin embargo, el proceso fue declarado nulo debido a que el jurado no logró un veredicto unánime. Su abogado defensor, Sean Daredia, declaró a la cadena NBC 5 Dallas-Fort Worth que su cliente fue víctima de trata con fines de explotación sexual por parte de la propia banda y que actuó bajo coacción por temor a represalias contra su familia.
Críticas a la política migratoria y denuncias de DD.HH.
Este caso se enmarca en una ofensiva judicial más amplia por parte del Departamento de Justicia, que ha presentado cargos federales contra más de 300 presuntos miembros o colaboradores del Tren de Aragua.
Organizaciones internacionales como Human Rights Watch (HRW) y Amnistía Internacional han expresado su preocupación, denunciando un uso político de la banda criminal para justificar las estrictas políticas migratorias vigentes. Ambas organizaciones sostienen que:
Se han realizado detenciones arbitrarias de ciudadanos venezolanos bajo la sospecha de pertenecer a la banda sin presentar pruebas suficientes ni antecedentes penales comprobados.
En muchos casos, los migrantes han sido señalados y estigmatizados únicamente por sus tatuajes.
Se critica la retórica oficial que califica la llegada de la banda como una «invasión» alentada por el gobierno venezolano, una afirmación que contradice los propios reportes de la inteligencia estadounidense.
Entre los episodios más polémicos derivados de esta política, las organizaciones recordaron el traslado masivo de cientos de venezolanos sin vínculos criminales comprobados hacia una prisión de máxima seguridad en El Salvador y a la base naval de Guantánamo.
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