El fiscal Brayan Melgar ordenó la aprehensión del expresidente de Bolivia, Evo Morales, por su presunta implicación en los bloqueos de carreteras y protestas registrados entre mayo y junio para exigir la renuncia del presidente Rodrigo Paz.
A Morales se le imputan los delitos de asociación delictuosa, instigación pública a delinquir y atentado contra la seguridad de los medios de transporte y de los servicios públicos.
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Durante siete semanas, sectores campesinos de La Paz y la Central Obrera Boliviana (COB) —con el respaldo de grupos afines al exmandatario— mantuvieron un cerco vial, principalmente en el occidente y centro del país, con la renuncia del presidente Paz como única exigencia.
Estas medidas de presión generaron un severo desabastecimiento de alimentos, combustibles y oxígeno medicinal. Además, causaron pérdidas económicas superiores a los 3.000 millones de dólares y provocaron la muerte de al menos 16 personas, 13 de las cuales fallecieron por la falta de atención médica oportuna ocasionada por los cortes de ruta.
Evo Morales denuncia que orden de aprehensión quiere desviar la atención
El expresidente Evo Morales denunció que el Gobierno emitió una nueva orden de aprehensión en su contra por la presunta comisión de los delitos de terrorismo y alzamiento armado.
Según el exmandatario, la medida responde a una estrategia del Ejecutivo para atribuirle la autoría de los 53 días de bloqueos que paralizaron al país entre mayo y junio, así como para desviar la atención de la crisis económica y social. Morales calificó el proceso como un acto de persecución política y ratificó que continuará respaldando las movilizaciones sociales.
La postura del líder cocalero se da tras conocerse que la Fiscalía libró el mandamiento de aprehensión dentro de las investigaciones por las medidas de presión promovidas a mediados de año, en las que el Ministerio Público lo señala por organizar y articular los bloqueos.
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