Ante la magnitud del éxodo venezolano, varios gobiernos de América Latina han endurecido sus políticas fronterizas. Países como Colombia, Perú, Chile y Ecuador han promulgado leyes o manifestado su intención de expulsar a quienes permanezcan indocumentados en sus territorios.
El caso peruano: deportaciones y endurecimiento del discurso
Perú suscribió recientemente un acuerdo para deportar vía marítima a migrantes venezolanos sin regularizar. En este contexto, el ministro del Interior, César Astudillo, señaló que la administración busca reducir al mínimo la presencia irregular en el país.
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Hasta la fecha, las autoridades peruanas registran la expulsión de 1.635 ciudadanos venezolanos. «Esto se va a incrementar muchísimo con los acuerdos que vamos a tener con Venezuela para mandarlos por barco, y en gran cantidad», afirmó Astudillo, quien justificó las medidas vinculando la migración con el incremento de la criminalidad. Aunque reconoció que «no todos son delincuentes», enfatizó que ejecutan operativos diarios para capturar a integrantes de bandas organizadas.
De acuerdo con estimaciones de organizaciones no gubernamentales, en Perú residen 1,6 millones de venezolanos, de los cuales 1,2 millones se concentran en Lima, representando un 10 % de la población de la capital.
Giro político en la región: Chile, Colombia y Ecuador
El viraje hacia una política de cero tolerancia —similar a la aplicada por Estados Unidos— golpea con fuerza a la comunidad venezolana. La crisis institucional en su país de origen imposibilita a la mayoría gestionar o renovar documentos básicos como pasaportes o cédulas de identidad desde el extranjero.
Chile: En abril de 2026, el presidente José Antonio Kast abordó la necesidad de agilizar canales formales con Caracas para repatriar a personas en situación irregular, cumpliendo así una de sus principales promesas de campaña. Reportes locales señalan la emisión de 75.000 órdenes de expulsión, de las cuales más de la mitad corresponden a venezolanos. El subsecretario del Interior, Máximo Pavez, confirmó que el objetivo central es concretar expulsiones aéreas de forma expedita.
Colombia: Históricamente, Colombia lideró la integración regional mediante herramientas como el Estatuto Temporal de Protección (ETP) creado en 2021. Sin embargo, el enfoque cambió radicalmente bajo la premisa «primero los colombianos, segundo los colombianos y tercero los colombianos». Este giro genera incertidumbre entre los 2,8 millones de venezolanos radicados en la nación vecina —la comunidad de la diáspora más grande del mundo—, en su mayoría indocumentados ante el riesgo constante de deportación.
Ecuador: Fue uno de los pioneros en aplicar la mano dura. En marzo de 2025, el presidente Daniel Noboa anunció el fin de la amnistía que permitía la regularización de migrantes, alegando falta de recursos financieros para sostener el programa. Se calcula que en territorio ecuatoriano residen entre 460.000 y 600.000 venezolanos.
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