Human Rights Watch (HRW) afirmó que el Gobierno venezolano debe adoptar medidas urgentes y ejecutar reformas institucionales profundas para garantizar los derechos fundamentales de la población. La pronunciación del organismo internacional se produce tras culminar su primera visita oficial al país desde 2008.
Durante su estancia en Caracas, la delegación sostuvo encuentros con la presidenta interina, Delcy Rodríguez, altos funcionarios gubernamentales, defensores de derechos humanos, líderes de la oposición, periodistas, diplomáticos y familiares de presos políticos. El equipo también realizó recorridos por zonas populares como Petare.
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«El gobierno de la presidenta interina ha puesto en pausa las formas más evidentes de represión en Venezuela. Sin embargo, en este frágil momento político, estos avances solo serán sostenibles con reformas institucionales sólidas y la liberación de todos los presos políticos», declaró Federico Borello, subdirector ejecutivo de HRW, mediante un comunicado.
Calma relativa y persistencia de las persecuciones
Diversos actores de la sociedad civil consultados por HRW indicaron que perciben un margen superior de libertad para desarrollar sus labores, señalando que algunos activistas han podido salir de la clandestinidad tras más de un año. Sin embargo, la organización enfatizó que la crisis de detenciones arbitrarias dista de no estar resuelta.
Según el balance más reciente de la ONG Foro Penal, al menos 344 presos políticos continúan privados de libertad, mientras que decenas de personas permanecen bajo arresto domiciliario u otras medidas cautelares restrictivas.
HRW documentó que entre los «arrestados figuran personas perseguidas únicamente por ejercer su libertad de expresión, así como víctimas de tortura, violaciones severas al debido proceso y esquemas de extorsión por parte de operadores judiciales y fiscales». Por ello, la organización exigió la liberación inmediata e incondicional de todos los detenidos de manera arbitraria.
Respecto a las condiciones carcelarias, familiares denunciaron la persistencia de malos tratos, especialmente en el penal Rodeo I. HRW instó al cierre definitivo de dicho centro de reclusión como una señal inequívoca de ruptura con el historial de abusos, y demandó el acceso sin restricciones para organismos de verificación internacional como el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) y la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos (Acnudh).
Reformas judiciales, electorales y de seguridad
Para asegurar una transición democrática real, HRW presentó una serie de recomendaciones prioritarias dirigidas a la reestructuración del Estado:
- Derogación de leyes represivas: Modificar o anular la legislación antiterrorista y la llamada «Ley contra el Odio», empleadas históricamente para censurar a la sociedad civil y a los medios de comunicación.
- Independencia del Poder Judicial: Designar un Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) imparcial como primer paso para sanear el sistema de justicia.
- Garantías electorales: Renovar el Consejo Nacional Electoral (CNE) y restituir los derechos políticos a los líderes opositores inhabilitados, garantizando comicios libres, justos y oportunos.
- Desmilitarización de la inteligencia: Apartar de sus cargos a funcionarios señalados por violaciones graves, desmantelar centros clandestinos de detención y retirar a los órganos de inteligencia de las labores de investigación penal.
Asimismo, HRW respaldó las conclusiones publicadas el 16 de septiembre por la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos de la ONU, reiterando que «el aparato represivo del Estado se mantiene intacto«, por lo que solicitó la renovación de su mandato por dos años más.
Emergencia humanitaria y rol de la comunidad internacional
El informe advierte que la crisis humanitaria en Venezuela continúa siendo severa, agravada por los sismos registrados en junio. Citando datos de la plataforma HumVenezuela, HRW recordó que más de 18 millones de personas se encontraban en situación de vulnerabilidad alimentaria y social antes de los eventos telúricos. A esto se suman los fallos sistemáticos en los servicios públicos, con apagones prolongados y desabastecimiento de agua que afectan diariamente a la población.
Finalmente, la organización reiteró su preocupación por el impacto de las sanciones económicas estadounidenses en el deterioro socioeconómico del país. HRW criticó que la intervención de Washington tras la detención de Nicolás Maduro se haya enfocado predominantemente en promover intereses económicos coyunturales, instando a Estados Unidos a reorientar su influencia hacia el liderazgo de transformaciones sustanciales en materia de derechos humanos.
Con información El Cooperante
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