Una investigación publicada por ProPublica revela detalles de los mecanismos de supervisión establecidos en el acuerdo entre el Gobierno de Estados Unidos y North American Blue Energy Partners (NABEP).
El reportaje describe una estructura contractual que contempla una participación del 35% para el Gobierno estadounidense, además de obligaciones de auditoría, controles financieros y acceso a registros empresariales.
El convenio forma parte de un proyecto energético que contempla el desarrollo de 17 campos petroleros en Venezuela, con reservas estimadas en 65.000 millones de barriles e inversiones potenciales de hasta 100.000 millones de dólares, según las cifras difundidas sobre la operación.
Machado desactiva su ataque
La dirigente opositora María Corina Machado cuestionó inicialmente el acuerdo en una entrevista concedida en Panamá a The New York Times, al mencionar supuestas irregularidades. Sin embargo, en esa misma entrevista aclaró que respetaría los contratos que cumplan con la legislación venezolana.
El acuerdo con NABEP fue firmado por el Gobierno de Estados Unidos y las autoridades venezolanas, y aprobado por la Asamblea Nacional con votos del oficialismo y de la disidencia opositora. Si el contrato es legal y la propia Machado asegura que lo respetará, su acusación inicial queda reducida a un mensaje político, sin una propuesta concreta.
La Casa Blanca describe a NABEP como un operador con experiencia probada para aumentar la producción petrolera, mientras que el secretario de Energía, Chris Wright, lo sitúa como el segundo productor privado del país, con unos 200.000 barriles diarios.
Con el acuerdo, NABEP se convierte en el tercer operador petrolero de Venezuela, solo detrás de PDVSA y Chevron. Los términos difundidos por la Casa Blanca revelan una operación sin precedentes que, además, expulsa a petroleras chinas y rusas del país suramericano.
Auditorías y controles contra el lavado de dinero
Entre las disposiciones examinadas por ProPublica figuran exigencias de prevención del lavado de dinero, auditorías externas e inspecciones de registros por parte de autoridades estadounidenses. Estos mecanismos permitirían revisar información financiera y verificar el cumplimiento de determinadas obligaciones contractuales.
La existencia de estas disposiciones establece un marco de supervisión, aunque su eficacia dependerá de cómo se implementen y de los resultados de las auditorías.
Estados Unidos participa en la estructura empresarial
La participación estadounidense del 35% constituye uno de los elementos centrales del acuerdo.
Según la investigación, Washington también tendría derecho a adquirir el 20% de la producción petrolera de NABEP a un precio preferencial y prioridad para comprar el volumen restante durante 50 años.
Estas condiciones vinculan los intereses comerciales de la empresa con los objetivos energéticos del Gobierno estadounidense.
NABEP y su capacidad de producción
La compañía registra una producción aproximada de 200.000 barriles diarios, de acuerdo con las cifras recogidas en la cobertura del acuerdo.
El proyecto contempla ampliar esa capacidad mediante la recuperación de pozos, la incorporación de equipos de perforación y el desarrollo de infraestructura petrolera.
La ejecución de estas inversiones será determinante para evaluar el cumplimiento de las metas productivas anunciadas.
Los cuestionamientos que recoge ProPublica
La investigación también examina los antecedentes de los participantes, los criterios utilizados para seleccionar a NABEP y las condiciones legales de las concesiones petroleras.
Entre los puntos que requieren mayor claridad figuran la duración de los derechos de explotación, la estructura de beneficiarios y las condiciones económicas del convenio.
Los mecanismos de supervisión financiera descritos en el documento no resuelven por sí mismos estos cuestionamientos, pero forman parte de las disposiciones que deberán evaluarse para determinar el alcance de las obligaciones asumidas.
Un acuerdo de largo plazo
El proyecto energético contempla inversiones, recuperación de infraestructura y ampliación de la producción petrolera venezolana.
La participación estadounidense incorpora una estructura de intereses económicos y obligaciones contractuales que trasciende una relación convencional entre comprador y proveedor de petróleo.
La aplicación de los controles financieros, la ejecución de las inversiones y los resultados productivos permitirán determinar el alcance real de la operación.
Para NABEP, el acuerdo representa una relación empresarial directa con el Gobierno de Estados Unidos. Su desarrollo estará sujeto tanto al cumplimiento de los compromisos establecidos como al escrutinio sobre las condiciones legales y económicas del proyecto.
Nota de Prensa
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