La Asamblea Nacional (AN) aprobó en primera discusión el proyecto de reforma a la Ley contra el Odio, por la Convivencia Pacífica y la Tolerancia. La iniciativa busca sustituir las penas de prisión por multas y trabajo comunitario, así como modificar los esquemas de sanción a medios de comunicación y redes sociales.
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Sin embargo, un conjunto de 24 organizaciones no gubernamentales (ONG) dedicadas a la defensa de los derechos humanos —entre ellas Provea y Espacio Público— rechazó la medida y reiteró su exigencia de derogar la norma por completo.
Alcance de la propuesta legislativa
Según detalló el primer vicepresidente del Parlamento, Pedro Infante, la reforma contempla:
- Sustitución de penas: Reemplazo de la cárcel por multas y trabajo comunitario para quienes incurran en las faltas tipificadas.
- Procedimientos administrativos: Definición de trámites normativos y aplicación de sanciones o exhortos a medios de comunicación, eliminando expresamente la revocación de concesiones.
- Redes sociales y política: Aplicación de sanciones económicas a la difusión de mensajes de odio en plataformas digitales y exhortos a las organizaciones políticas para promover la convivencia.
Posición de las organizaciones civiles
A través de un comunicado conjunto, las ONG advirtieron que la reforma no resuelve la situación de fondo:
- Falta de reparación a víctimas: Señalaron que el texto no contempla la liberación de presos políticos ni el cierre de sus causas judiciales.
- Términos ambiguos: Criticaron que la norma mantenga conceptos imprecisos como el «hostigamiento» (definido por la producción de temor, angustia o zozobra), lo que permite interpretaciones arbitrarias contra la crítica y el disenso.
- Restricción de derechos: Reiteraron que la ley, vigente desde noviembre de 2017, impone limitaciones al ejercicio de la libertad de expresión, opinión, información, asociación y debido proceso.
Según datos de la ONG Foro Penal, al menos 927 personas han sido acusadas bajo el tipo penal de «incitación al odio» desde la promulgación inicial de esta ley. Para entrar en vigor, la reforma requiere la aprobación en una segunda discusión por parte del Poder Legislativo.
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