Durante un foro organizado por el Rectorado de la Universidad Central de Venezuela (UCV), el profesor Ricardo Ríos, director adjunto de la Oficina de Planificación del Sector Universitario (OPSU), propuso que la nueva Ley de Universidades se construya a partir del consenso y el debate nacional. Bajo este planteamiento, sostuvo que es momento de definir «por primera vez qué es la democracia, qué es la autonomía, cómo se entiende eso y cómo se ejerce dentro de las universidades».
Ríos aclaró que actualmente no existe un texto redactado ni un lapso cerrado para llevar a cabo las discusiones. En su intervención, dejó claro que la iniciativa arranca formalmente como una «hoja en blanco» abierta a las propuestas del sector.
«Todo el mundo aduce la importancia de la autonomía, pero a todo el que gobierna le molesta un poco porque le encanta mandar. Por eso es vital que la ley contemple la autonomía como un elemento consustancial al concepto de universidad. Debe entenderse que la democracia académica tiene que responder a los principios de una institución universitaria, en lugar de seguir estancando la ley por intereses electorales de determinados sectores. Le hemos dedicado demasiado tiempo a cómo se eligen las autoridades y muy poco al concepto trascendente de la universidad», explicó.
Un debate plural y descendente
Para Ríos, los valores fundamentales de la educación superior deben ser redefinidos y adaptados a los tiempos actuales dentro del nuevo marco legal. Para lograrlo, insistió en la necesidad de un proceso participativo: «El deseo del Consejo Nacional de Universidades (CNU) es que este sea un debate profundamente plural, que surja desde los niveles más básicos de la organización universitaria y vaya ascendiendo».
Asimismo, recordó la fragilidad del marco normativo vigente, al que calificó como un instrumento normativo con una historia compleja de reformas y parches. «Desde hace rato la realidad nos exige reflexionar sobre el texto legal. En el CNU hicimos un arqueo preliminar y encontramos más de 1.700 documentos, entre Gacetas Oficiales, reformas parciales, normativas y reglamentos dictados para mantener la ley funcional. Se ha ido adaptando por la vía de los hechos, lo cual es un indicador claro de que debemos revisarla integralmente».
Superar el enfoque reglamentista
El director adjunto de la OPSU recordó que en el pasado hubo un proyecto que incorporó la acreditación como un deber universitario, pero quedó paralizado tras su primera discusión en la Asamblea Nacional.
De cara a este nuevo esfuerzo, Ríos enfatizó que la legislación no debe redactarse pensando únicamente en una institución. «La nueva ley no puede seguir siendo diseñada para enmendarle la plana a la UCV; eso no tiene sentido. Venezuela cuenta hoy con más de 180 instituciones de educación universitaria de muy diversa índole. La ley debe ser lo suficientemente amplia como para marcar las pautas de lo que debe ser una universidad, perdiendo su vocación hiperreglamentista, pues es imposible meter en un solo saco la diversidad de todo el sistema», concluyó.
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