Doce años de «aberrante» condena para venezolano y su pareja alemana +Carta al Fiscal

Guasdualito, 19 de noviembre de 2022

Estimado y Respetado Fiscal General de la República Dr. Tarek William Saab 

Reciba un cordial saludo de mi parte Roeny Rafael Pacheco y de mi prometida la ciudadana alemana Katharina Maichle, me es grato dirigirme ante su alta investidura para denunciar hechos ocurridos en la población de Guasdualito, Edo. Apure en fecha 12 de diciembre del año 2021,en el punto de atención al ciudadano Totumito de la Guardia Nacional Bolivariana, en esa fecha mi prometida y yo nos dirigiamos a la ciudad de Caracas con el plan de renovar mis documentos de identidad, hacer la presentación formal de mi prometida a mis padres y contraer matrimonio dentro del territorio venezolano, para así dar el hermoso paso de consagrar un amor puro y sincero ante los ojos de Dios Todopoderoso. También sería propicia la oportunidad para que Katharina procedente de Alemania conociera personalmente este país del cual por mucho tiempo había empezado a amar y ver a través de mis ojos y mis palabras de amor hacia la patria grande, la patria de Bolívar. 

En fecha 12 de diciembre de 2021 se realizó un procedimiento de control de unidades de transporte y pasajeros que transitaban por la vía nacional en la cual se encuentra el punto de control de Totumito, en dicho procedimiento se hizo el «hallazgo» De una bolsa de tela ecológica color naranja contentiva de 6 bolsas grandes tipo ziploc y 4 bolsas pequeñas tipo ziploc contentiva de 561 gr de la droga denominada marihuana, cuando los funcionarios realizaron este hallazgo indagaron entre los pasajeros que se encontraban a bordo de esta unidad de transporte quienes eran los propietarios de dicho paquete, lo cual no arrojó ningún resultado, momentos después de ello la unidad de transporte donde nosotros nos encontrábamos arribo al mismo Punto de atención al ciudadano a la unidad de transporte donde nos encontrábamos se le realizó el mismo procedimiento sin que el mismo arrojará ninguna novedad, sin embargo y en un acto que se puede considerar de discriminación por mi aspecto, definido por los funcionarios actuantes como «Hippie» se me solicitó bajar de la unidad de transporte se me indicó que me agachara en el piso sin darme ningún tipo de explicación de porque era la única persona que se mando a descender de la unidad, luego de algunas incómodas preguntas, se me condujo a otra unidad de transporte se me obligó a abordarla, una vez. dentro de ella fui llevado hasta el final del pasillo y en el lado izquierdo de esta en el sitio destinado a guardar bolsos de mano, pude observar una bolsa naranja, una vez allí el sargento Michael Moya me ordenó que agarrara esa bolsa a lo que yo respondí que «no la voy a agarrar porque no es mía» ante mi negativa me indicó que la bolsa era mía y debía agarrarla, a lo que yo respondí que «juro por mi madre que esa bolsa no es mía», lamentablemente su insistencia y el estado de indefensión y vulnerabilidad que me encontraba me vi en la obligación por coacción de tomarla, una vez en mis manos el funcionario procedió a abrirla e indicar que el contenido era de mi pertenencia, sin yo estar en conocimiento que la misma contenía 561 gramos de marihuana, fui bajado esta unidad e inmediatamente esposado por la supuesta comisión del delito de Tráfico de sustancias estupefacientes y psicotrópicas en la modalidad de ocultamiento, obviando en todo momento la lectura y cumplimiento de mis derechos luego de ser detenido, un sargento volvió a la unidad donde viajaba e hizo descender a mi prometida, Katharina Maichle, a la cual también se le imputó el mismo delito, sin que ella supiera que estaba sucediendo.

El relato anterior corresponde a una versión resumida de cómo sucedieron unos hechos que son irregulares y que hoy se traducen en una pena de 12 años de prisión. En nuestras declaraciones realizadas en un tribunal de la República ante la jueza primera de juicio del Circuito Juducial de Apure, Xiomara Peña, se pueden conocer en detalle que reposan en el expediente 1U-1913-22.

A continuación explicaré una serie de irregularidades durante el proceso desde su inicio hasta el acto de conclusiones realizado en la fase de juicio:

• Acta de investigación penal:
  • Omisión de detalles claves que permitirían la reconstrucción de los hechos:
    • Identificación de la unidad de transporte (placa, modelo, serial del vehículo)
    • Identificación del chofer, colector de las unidades y empresa a la que le estaban prestando servicio.
    • Identificación y ubicación de los pasajeros dentro de la unidad de transporte, respaldado por el listín de pasajeros correspondiente.
    • Fijación fotográfica de la escena del suceso 
    • No se realizó el acta de retención correspondiente de los objetos de valor con o sin interés criminalístico los cuales fueron hurtados por los funcionarios actuantes y suman un valor de 6.000 dólares americanos.
    • Esta acción derivó en una orden por parte de los tribunales, dirigida hacia la Fiscalía 7ma de Derechos Fundamentales para la investigación. De lo sucedió sin que la misma haya sido ejecutadas luego de más de 11 meses.
    • La revisión de nuestras maletas se realizó sin la presencia de  testigos civiles que establece el marco jurídico vigente.
    • La inspección técnica, se llevo a cabo 7 horas después del suceso con una clara alteración de la escena ya que cuando se ejecutó esta inspección ya no se encontraba las unidades de transporte donde se localizó la droga.
    • El bolso marrón donde supuestamente los funcionarios consiguieron oculta la sustancia tampoco se recolecta como evidencia, siendo esto una clara violación al manual de cadena de custodia vigente.

Sin ser nosotros expertos en el área penal y criminalística, sabemos que estas deficiencias son suficientes para que una juez de control, en ejercicio pleno de sus funciones declare la nulidad del proceso, sin embargo el tribunal de control violó sus funciones y nos remitió a la fase de juicio, decisión que fue apelada por nuestros abogados defensores en la corte de apelaciones de San Fernando y de la cual ocho meses después, aún no ha existido ninguna respuesta.

Durante el proceso de juicio se puso en evidencia una cantidad importante de irregularidades e incongruencias que una vez más le quitan solidez a la acusación realizada por la Fiscalía 12, dirigida por el abogado Ronald Flores, entre las cuales se puede resaltar:

• Ninguna de las declaraciones dada por los funcionarios actuantes tiene correspondencia y concordancia entre ellos, más aún en puntos claves como: ubicación de la droga,
  • Ubicación y rol de cada funcionario en el procedimiento.
  • Género de los testigos.
  • Modo en que se realizó el hallazgo. 
  • Quién fue responsable de la redacción del acta judicial y de entrevistar a los testigos.
  • De los 5 funcionarios actuantes que prestaron declaración le expresamos a la juez que dos de ellos no estuvieron presentes en el procedimiento, sin embargo sus declaraciones fueron admitidas por el tribunal. 
  • Una de las pruebas claves de este proceso que es la grabación que realiza en CCTV del Punto de Control no se pudo presentar debido a que en el momento de los acontecimientos las mismas no estaban operativas sin que se diera mayor explicación de ello.

 Si se toma en consideración todas las declaraciones que fueron dadas durante el juicio se tendría que hacer al menos 5 reconstrucciones del hecho distintas, una de otra, 

El toque final y aberrante de este proceso es la sentencia, si fuera el caso que somos culpables, la pena a imponer debió ser por drogas de menor cuantía, según la jurisprudencia actual en materia de drogas, se debió individualizar la cantidad de drogas y emitir sentencia correspondiente, sin embargo la jueza Xiomara Peña sin contundencia de pruebas y sin un caso sólido dictaminó una sentencia de 12 años de prisión, sentencia que consideramos aberrante e injusta, más aún por todas las dudas razonables presentes en el caso.

A esta fecha llevamos casi 3 meses en espera de publicación de sentencia y aún la misma no se ha publicado.

Recurrimos a su alta investidura porque sabemos que su labor como Fiscal General de la República ha estado marcada por la defensa de los Derechos Humanos, la lucha contra la impunidad y la depuración de las instituciones del Estado, que no se pueden ver manchadas por el mal proceder de algunos pocos funcionarios que no representan a las instituciones en las que trabajan.

Como venezolano suplico sus buenos oficios en este asunto para la realización de una investigación imparcial y justa que permita esclarecer los verdaderos hechos ocurridos en este procedimiento y ser un garante de la verdad y la justicia. No es justo que por parecer «hippies» se nos haya discriminado de tal forma y se nos tenga actualmente privados de libertad sin tener ninguna responsabilidad en el quebranto de las leyes de la República. No sólo apelamos a su posición de Fiscal General de la República, también apelamos a su espíritu bohemio, de escritor, de hippie y soñador de una persona que ha vivido en carne propia lo que significó ser estigmatizado por la ignorancia de aquellos que sólo observan el exterior y juzgan sin piedad a personas inocentes, así como en algún momento a usted le dijeron que no vestía como abogado en aquella Universidad donde cursó sus estudios en derecho, a nosotros se nos está estigmatizando por tener rastas, ser jóvenes y tener un estilo de vida que vaya en armonía con el mundo actual, sin apegos innecesarios y que busca la protección de esta nuestra única casa.

Esperando que esto haga eco hasta usted y su sensibilidad humana y profesional lo motive a realizar una revisión profunda de este caso se despide

Roeny Rafael Pacheco 

Conforme y en respaldo 

Katahrina Maichle