El presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, firmó este miércoles la denominada «muerte cruzada», con lo que disolvió la Asamblea Nacional y podrá gobernar por decretos-leyes de urgencia económica mientras se realizan elecciones para presidente y legisladores, según el decreto publicado este miércoles por la Presidencia de la República.
La medida se da un día después de que iniciará en la Asamblea Nacional un juicio político en su contra por su presunta participación en el delito de peculado, señalamientos que siempre han sido rechazados por el mandatario.
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En un mensaje a la nación, Lasso anunció esta medida contemplada en la Constitución ecuatoriana de 2008 con por «grave conmoción interna y política», después de haber comparecido el martes ante la Asamblea para realizar su alegato de defensa ante la acusación formulada por la oposición por un presunto delito de peculado (malversación).
El mandatario recurrió a la «muerte cruzada» antes de esperar al debate que debía llevarse a cabo en la Cámara para posteriormente votar la moción de censura, en la que se requieren 92 votos para destituir al jefe de Estado, equivalentes a dos tercios del hemiciclo.
«Muerte cruzada»
La muerte cruzada es una figura legal que le permite al presidente disolver la Asamblea Nacional para convocar posteriormente a elecciones, a fin de renovar los Poderes Legislativo y Ejecutivo. La medida, amparada por la Constitución ecuatoriana, permite que los poderes tengan la potestad de disolverse mutuamente por una sola vez en los primeros tres años de gestión presidencial, lo que activaría nuevamente elecciones generales.
«Un contrato lesivo para los intereses del pueblo»
Una de las legisladoras interpelantes, la correísta Viviana Veloz, advirtió que Lasso «ha inoculado la corrupción en nuestro sistema y con eso ha pulverizado la soberanía, ha pulverizado a la República», y se preguntó «por qué no hizo nada el presidente para evitar que el país prorrogue un contrato lesivo para los intereses del pueblo ecuatoriano», que habría implicado de un perjuicio al Estado de seis millones de dólares.
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Veloz advirtió que el presidente supo de la existencia de este contrato irregular, se negó a recibir el informe del entonces gerente de Flopec sobre las condiciones desventajosas para la empresa ecuatoriana y, por el contrario, ordenó su remoción. «Nunca tomó las medidas necesarias para resarcir esa situación jurídica o apoyar, ya sea la terminación unilateral o a su vez la terminación por mutuo acuerdo (…) y en consecuencia usted, presidente saliente, permitió que el daño económico al Estado se siga presentando», aseguró la asambleísta.
Con información de CNN
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