El presidente electo de Guatemala, Bernardo Arévalo denunció que ha recibido “amenazas de muerte”; por lo cual la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) otorgó medidas cautelares tanto al mandatario y su vicepresidente, Karin Herrera.
El organismo pidió al Ejecutivo del país que trabaje por proteger la vida e integridad del mandatario y su vicepresidente, y que notifique de las acciones emprendidas para detener el hostigamiento.
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En un comunicado, la CIDH precisó que los políticos fueron sujeto de “vigilancias, seguimientos, campaña de desprestigio y amenazas de muerte” que se incrementaron “tras la segunda vuelta electoral” y por lo que “se encuentran en una situación de gravedad y urgencia de riesgo de daño irreparable a sus derechos en Guatemala”.
A raíz de ello, instó al Ejecutivo del país a que tome las “medidas necesarias para proteger los derechos a la vida e integridad personal” de los amenazados.
El equipo de Arévalo, favorito de la gente en las elecciones del pasado domingo, denunció haber recibido información “preocupante sobre un plan para asesinarlo, con participación de agentes estatales e individuos particulares”, por lo que debieron recurrir a su protección con seguridad privada.
“Al menos tres fuentes dentro de instituciones estatales, con alto grado de fiabilidad habrían advertido sobre la existencia de un plan denominado ‘Colosio’, haciendo referencia al asesinato del candidato del PRI mexicano en el año 1994, que se implementaría para acabar con la vida del propuesto beneficiario”, especificó la Comisión en el escrito sobre el hostigamiento hacia los políticos.
A esto se sumaron las amenazas de muerte en redes sociales a través de cuentas “netcenters”, es decir, anónimas y falsas, y el mensaje del presidente de la Fundación contra el Terrorismo, Ricardo Méndez Ruíz, que advirtió a Arévalo que lo vería preso o prófugo por haber cometido “varios delitos graves” como fraude.
Por último, el Ministerio Público notificó al Movimiento Semilla de un tercer plan ligado a “estructuras criminales de pandillas”, habituales en Centroamérica.
En su escrito, la CIDH apuntó contra el Estado de Guatemala por no tomar las medidas necesarias para proteger a los candidatos electos, incluso a pesar de dichas pruebas e insistió en la difusión de “las acciones adelantadas a fin de investigar los hechos alegados”.
Con información Infobae
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