La Sala de Apelaciones de la Corte Penal Internacional (CPI) emitió este viernes su sentencia sobre el recurso de apelación presentado por el régimen de Nicolás Maduro contra la decisión de la Sala de Cuestiones Preliminares I que autorizó continuar la investigación por crímenes de lesa humanidad en Venezuela.
«La Sala de Apelaciones ha estimado procedente confirmar la decisión impugnada», dijo el presidente de la Sala de Apelaciones, juez Marc Perrin de Brichambaut, al anunciar que «por unanimidad» han rechazado los argumentos del régimen y confirmaron la continuidad de la investigación por crímenes de lesa humanidad.
El juez explicó que la Sala desestimó cada uno de los seis argumentos expuestos por el régimen de Maduro en su apelación.
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Entre sus conclusiones alcanzadas al examinar los motivos del recurso, la Sala de Apelaciones recordó su sentencia en la causa de Filipinas, en el sentido de que “la obligación de aportar información pertinente para la determinación por la Sala de Cuestiones Preliminares con arreglo al párrafo 2 del artículo 18 del Estatuto incumbe al Estado que solicita la inhibición”.
La Sala de Apelaciones consideró asimismo que la Sala de Cuestiones Preliminares centró su evaluación correctamente en “si Venezuela estaba llevando a cabo o había llevado a cabo alguna investigación o algún procesamiento respecto de las mismas categorías de personas, es decir, presuntos miembros de alto rango de las fuerzas de seguridad del Estado o personas partidarias del gobierno, en relación con la criminalidad pertinente”.
Por añadidura, la Sala de Apelaciones examinó la cuestión de si las investigaciones nacionales han de abarcar los elementos contextuales de los crímenes de lesa humanidad, en particular la existencia de un ataque generalizado o sistemático contra una población civil, o de una política.
La Sala de Apelaciones consideró que “los intereses jurídicos protegidos en relación con cada crimen se pueden discernir haciendo referencia a los elementos de ese crimen específico”.
Concluyó asimismo que, para promover los intereses jurídicos protegidos por la tipificación de los crímenes de lesa humanidad, un Estado que no haya incorporado los crímenes de lesa humanidad en su legislación nacional, como es el caso de Venezuela, si bien no está obligado a investigar los presuntos actos criminales con arreglo a la tipificación jurídica de los crímenes de lesa humanidad, debe no obstante investigar las alegaciones de hecho en las que se apoyan los elementos contextuales de esos crímenes”.
La Sala de Apelaciones recalcó que, si bien el Estatuto de Roma no impone a los Estados Partes la obligación expresa de incorporar los crímenes de lesa humanidad en su legislación nacional, “esa incorporación podría facilitar el cumplimiento de su deber” de ejercer su jurisdicción penal contra “los responsables de crímenes internacionales”.
Respecto de otras cuestiones, la Sala de Apelaciones consideró que Venezuela había tergiversado la Decisión Apelada y había presentado argumentos infundados en relación con otros puntos.
Contexto del caso Venezuela
El 3 de noviembre de 2021, la Fiscalía de la CPI anunció su decisión de abrir una investigación por presuntos crímenes de lesa humanidad en Venezuela, luego de que en 2018 Argentina, Canadá, Colombia, Chile, Paraguay y Perú presentaran una remisión sobre el caso.
Sin embargo, en abril de 2022 la investigación se detuvo debido a una solicitud de inhibición presentada por el régimen de Maduro, que argumentaba que ya en el país estaban avanzando actuaciones nacionales.
El 1 de noviembre de 2022, la Fiscalía de la CPI solicitó a la Sala de Cuestiones Preliminares reanudar la investigación en esta situación, debido a que las supuestas actuaciones nacionales de Venezuela no eran genuinas ni abarcaban todos los delitos que se investigaban en La Haya. Tras analizar el caso, el 27 de junio de 2023 la Sala de Cuestiones Preliminares I autorizó a la Fiscalía de la CPI a reanudar su investigación.
Ante esto, el 3 de julio de 2023 el régimen de Maduro comunicó su intención de apelar la decisión y el 14 de agosto de 2023 presentó su escrito de apelación. En este proceso la Sala de Apelaciones recibió escritos del Fiscal de la CPI y de la Oficina Pública de Defensa de las Víctimas, así como representaciones de las víctimas y observaciones del Panel de Expertos Internacionales Independientes de la Organización de Estados Americanos (OEA), y los días 7 y el 8 de noviembre de 2023 celebró una audiencia pública para escuchar a las partes.
Durante la audiencia, los representantes de la Fiscalía de la CPI y la Oficina de Víctimas desmontaron los argumentos del régimen. «La posición de las víctimas es que Venezuela no está, ni lo hará en un futuro, investigando los crímenes de sus familiares y amigos», sostuvo Paolina Massidda, la representante de la Oficina de Defensa Pública de las Víctimas de la CPI.
Además, los representantes del régimen admitieron que en Venezuela continúan impunes la mayoría de los casos de los cuales presentó documentación ante el tribunal de La Haya.
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