Siete meses después de su detención, Rocío San Miguel, abogada y directora de la ONG Control Ciudadano, sigue a la espera de tener una fecha de audiencia para su juicio.
“Apenas el día 3 de septiembre de 2024 la remitieron al Juzgado Especial Tercero de Juicio con competencia nacional para conocer de casos vinculados con delitos asociados al terrorismo a nivel nacional, Juzgado a cargo de una joven abogado de nombre Alejandra Romero”, expone Juan González Taguaruco, abogado de la activista, según recopiló Crónica Uno.
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En este sentido, enfatiza en que la audiencia preliminar, donde se ordena la celebración del juicio, debió celebrarse el 16 de mayo de 2024.
“Por ende, el expediente debió ser remitido a un juez de juicio dentro de los cinco días hábiles siguientes”, agrega.
Sus familiares tampoco han podido designar a los abogados de confianza para que se hagan cargo de su defensa técnica. Desde su detención, está a cargo la defensora pública 49 de Caracas.
“Lo grave de la situación, es que la designación de abogados la hizo su hija, por el Cónsul General de España y por la misma Rocío San Miguel, en las distintas ocasiones en que demandó ante el Juez, designar abogados de su confianza. En este contexto, el Juez Carlos Liendo adujo que ello no era posible, e hizo caso omiso a la solicitud de la Dra. San Miguel”, indica su abogado.
Destaca que no hay justificación alguna para no aceptar la petición. Solo les dicen que el juez no autoriza el trámite.
Aprehendida sin derechos
Hasta la fecha, el proceso de la activista, detenida desde el 9 de febrero, cuando tenía previsto abordar un vuelo en el Aeropuerto Internacional de Maiquetía, se ha visto rodeado de varias situaciones que violan su derecho a la defensa y debido proceso del caso.
Desde esa fecha, está recluida en la sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) en el Helicoide, al oeste Caracas.
Las irregularidades del caso de San Miguel
Además del impedimento para designar a sus abogados de confianza, lo que implica que no se puedan impugnar las decisiones dictadas en contra de los detenidos, Juan González Taguaruco, quien forma parte de la defensa de San Miguel enumeró algunas irregularidades cometidas durante el caso:
- La defensa pública no apeló la decisión que decretó la privación de libertad. Tampoco solicitó diligencias de investigación “en descargo de su cliente”.
- No ha recurrido la admisión de pruebas ilegales, inútiles e impertinentes”.
- Hay una infracción a la garantía del juez natural, por cuanto la juzgan en tribunales de excepción, que se crearon por “un instrumento normativo que no reviste el carácter de ley formal”. Este punto es contrario a lo establecido en el artículo 49 de la Constitución. El texto constitucional establece que toda persona tiene derecho a ser juzgada por sus jueces naturales en las jurisdicciones ordinarias, o especiales, con las garantías establecidas en esta Constitución y en la ley.
Ninguna persona podrá ser sometida a juicio sin conocer la identidad de quien la juzga, ni podrá ser procesada por tribunales de excepción o por comisiones creadas para tal efecto.
- El inexplicable retardo procesal: “bajo el argumento que no se firmaba el acta de la audiencia. Luego los familiares instaron a la defensora pública para que el juez hiciera constar esta situación y enviará el expediente, y nada hizo”.
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