La ONG Laboratorio de Paz contabilizó 40 casos de dirigentes opositores a quienes se les anuló el pasaporte en Venezuela después de las elecciones presidenciales del 28 de julio. En un artículo publicado por The Financial Times, advierten que la cifra real podría incluso ser mayor dado que hay un alto número de personas que prefieren no pronunciarse por temor a represalias contra ellos o sus familiares.
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El expresidente del Consejo Nacional Electoral y dirigente de La Causa R, Andrés Caleca, fue uno de los alcanzados por esta medida, “sin ninguna explicación, justificación o aviso”. “Esto es una medida de amedrentamiento, de terror, de provocar eliminar toda movilización y toda protesta ciudadana, y de desmotivar a la gente”, denunció.
“Sabía que corría el riesgo de que me quitaran el pasaporte o me encarcelaran al llegar al aeropuerto, y optaron por lo primero. Fue aterrador”, recordó una activista por los derechos humanos citada por el medio.
Otra activista, que prefirió permanecer completamente en el anonimato, dijo que su pasaporte fue inicialmente anulado pero, luego, revalidado, ante lo que prefirió optar por entrar al país a través de la frontera occidental con Colombia, evitando así puestos de control oficiales.
Sin embargo, todos los opositores coincidieron en que se trata de “lo menos grave” que ha ocurrido en el país en las últimas semanas, desde los comicios, tras lo que se dio una “escalada represiva sin parangón”.
Hasta el momento, al menos unas 2.400 personas han sido arrestadas por participar de manifestaciones en reclamo por el respeto de la soberanía popular y acusadas de incitación al odio y terrorismo, en su mayoría.
La ONG estima que el Gobierno venezolano está explorando otras formas de silenciar a la oposición, igualmente efectivas, pero con un menor costo. “A diferencia del asesinato o la tortura, que tienen un mayor costo político, el Gobierno ha descubierto que la anulación de pasaportes es una forma eficaz de neutralizar y acallar las voces críticas con un esfuerzo mínimo”, lamentó Rafael Uzcátegui, coordinador del Laboratorio de Paz.
En paralelo, el Seniat anunció medidas que dificultan el retorno de los venezolanos exiliados al país. Ahora, todos aquellos que tengan sus pasaportes vencidos deberán tramitar uno nuevo al menos 72 horas antes de su viaje, en un consulado o embajada venezolana.
El problema, sin embargo, es que Caracas no dispone de sedes diplomáticas o misiones en varios países, especialmente en Latinoamérica, destino de la mayoría de los migrantes, por lo que miles de personas se encuentran en un nuevo callejón sin salida.
Con información de EFE
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