Hasta el momento, el equipo de Valiñas ha documentado 850 casos de violaciones graves de derechos humanos en Venezuela, que incluyen detenciones arbitrarias, torturas, violencia sexual y desapariciones forzadas, entre otros delitos.
En su último informe, la Misión internacional independiente de determinación de los hechos sobre la República Bolivariana de Venezuela advirtió que las autoridades “pusieron en marcha una campaña de detenciones masivas e indiscriminadas sin precedente” tras las elecciones del 28 de julio, en las que Maduro fue proclamado ganador sin mostrar las actas de votación.
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El viernes 11 de octubre, un día después de que se publicara este reporte, el Consejo de Derechos Humanos de la ONU renovó por dos años el mandato de la misión con el voto a favor de 23 países (entre los que figuran Argentina, Chile, Costa Rica y República Dominicana), 18 abstenciones (entre ellas Brasil) y 6 países en contra (Algeria, China, Cuba, Eritrea, Sudán y Vietnam).
Los testimonios recogidos por la misión que preside Valiñas pueden servir para el expediente “Venezuela I”, la investigación que la Corte Penal Internacional (CPI) emprendió contra el gobierno de Maduro por presuntos crímenes de lesa humanidad y que constituye el primer caso en América Latina que llega a esta instancia.
Sin embargo, voceros del gobierno de Maduro han rechazado los informes de la misión, señalando que están “plagados de falsedades” o han sido “vulgares” y “panfletarios”. Además, han descalificado a la misión al describirla como una instancia “controlada por gobiernos subordinados a Washington”.
Valiñas conversó con BBC Mundo para explicar los hallazgos que la misión hizo públicos en su último informe sobre la persecución política en Venezuela después de las elecciones. Esta entrevista fue editada para su publicación.
Violencia sexual
La misión ha descrito en sus reportes técnicas de tortura que incluyen abusos sexuales contra los detenidos. En el último informe, por ejemplo, se advierte que “la violación contra hombres es comúnmente utilizada como herramienta de castigo y humillación”. ¿En qué consisten las prácticas de violencia sexual que han documentado?
Hemos documentado casos de hombres detenidos que fueron golpeados o recibieron descargas eléctricas en los genitales. Tenemos mujeres que hablan de manoseos o el caso de una mujer que había informado que estaba embarazada y aún así la golpearon y perdió a su bebé. Hay niñas y mujeres que cuando estaban detenidas fueron forzadas a desnudarse frente a guardias hombres. Esto también aparece en casos después de las elecciones.
Hay casos de mujeres detenidas que son coaccionadas a tener relaciones sexuales con los guardias para tener acceso a bienes básicos, pero que son vistos como beneficios o privilegios dentro de las cárceles.
¿La misión puede demostrar que esto ha sido sistemático?
En nuestros informes hemos documentado estos hechos dentro del grupo de casos que estamos evaluando: personas opositoras o percibidas como tales. En los primeros informes había más casos de hombres víctimas porque eran militares acusados de estar presuntamente involucrados en conspiraciones. Hay que aclarar que no estamos mirando la violencia sexual en general, sino solo en los casos que estamos analizando.
Es difícil hablar de sistematicidad de la misma forma que en otros delitos y esto tiene que ver con las dificultades propias de investigar casos de violencia sexual. Hay víctimas que están abiertas a hablar sobre esto, pero hay muchas que no. Sin embargo, hemos visto que estas prácticas se repiten con los años. En términos de prácticas de tortura, sí ocurren de forma repetida.
¿Los investigadores de la misión han tenido acceso a las cárceles o centros de detención para conversar directamente con las víctimas? ¿Existe algún nivel de cooperación con el gobierno de Maduro que garantice ese acceso?
Nunca hemos tenido acceso a las cárceles porque no tenemos acceso al territorio ni a las autoridades. Desde que se creó la misión en 2019, las autoridades nunca nos han respondido ninguna comunicación ni solicitud para recibir información de parte de ellos ni para entrar en el país.
Sin embargo, hemos tenido acceso a información proveniente de personas detenidas. Pero después de las elecciones, no tienen abogados privados y los familiares no han podido entrar a visitarlos. Parte de nuestra preocupación y de las organizaciones en Venezuela es que estas personas están abandonadas, sin posibilidad de que sus abogados revisen los expedientes o de decir a sus familiares lo que les está pasando.
En redes sociales hemos visto testimonios de madres que le piden clemencia al gobierno y a los tribunales tras la detención de niños y adolescentes que ni siquiera estaban participando en manifestaciones. ¿Cuál es la situación de los menores de edad que están en la cárcel en este momento?
Eso es parte de lo que estamos recopilando ahora. Estamos recibiendo información de diferentes fuentes de que están forzando, tanto a adultos como a niños, a admitir los cargos. Les dicen que si no aceptan, les van a imponer sanciones mucho más altas. “Te vas a pasar 20 años en la cárcel, entonces mejor reconoce que estuviste haciendo esto”. Eso está pasando ahora. Y es sumamente preocupante, sobre todo cuando hablamos de niños.
¿Una política de Estado?
¿En qué momento las violaciones de derechos humanos constituyen crímenes de lesa humanidad y cómo se demuestra?
Para que sean crímenes de lesa humanidad tienen que estar previstos en el Estatuto de Roma. No todos los delitos como tortura, violencia sexual o detenciones arbitrarias lo son. Se consideran crímenes de lesa humanidad cuando son cometidos como parte de un ataque a una población, es decir, cuando hay varios incidentes que hacen parte de una misma línea de conducta en contra de una población civil. Estos incidentes tienen que ser cometidos de forma generalizada o sistemática. Si es generalizada, hay muchos casos y ocurre en varios sitios. Si es sistemática, se trata de un patrón de actuación.
También hay que probar que son cometidos bajo una política de Estado. ¿Por qué hemos dicho, ya en 2020, que se estaban cometiendo crímenes de lesa humanidad y por qué creemos que se están cometiendo ahora? Porque son parte de una misma línea de conducta y bajo una misma política de Estado. Estos son los requisitos jurídicos.
Y no tiene que ser el Estado quien ejecuta los crímenes, pero sí es una política diseñada por el Estado que luego podría ser implementada por particulares. Por ejemplo, tenemos muchas alegaciones sobre el involucramiento de civiles armados, los colectivos, y hasta qué punto están actuando no solamente con el conocimiento de los agentes del Estado, sino en coordinación con ellos, bajo sus instrucciones.
Ellos son civiles, pero pueden estar actuando bajo una misma política que proviene del Estado. Y es una política de silenciar, anular y sofocar a la oposición, entendida de forma amplia. No es una oposición política solamente, sino de activistas, periodistas o personas defensoras de derechos humanos.
Esto no lo habíamos dicho así antes, pero en el último informe dijimos que el delito de persecución fundada en motivos políticos es un crimen que está previsto en el Estatuto de Roma. Creemos que ese delito de lesa humanidad, el delito de persecución fundada en motivos políticos, está siendo cometido en este momento porque los niños y niñas detenidos, los miembros de las mesas electorales o personas que simplemente pusieron algo en sus redes sociales contra los resultados electorales, están siendo blanco de esta represión por expresar sus opiniones, que son vistas como una crítica o una amenaza al gobierno y que hay que anular, eliminar.
A lo largo de su labor, la misión ha documentado y analizado al menos 850 casos. 520 de ellos constituyen detenciones arbitrarias y 170 corresponden a torturas y malos tratos. ¿Cómo se transforma todo este cuerpo de investigación en insumos para el expediente de la Corte Penal Internacional contra el gobierno de Maduro?
Hemos dicho públicamente que estamos dispuestos a compartir la información que recopilamos. No solamente los informes que ya son públicos, sino las entrevistas que realizamos, los expedientes judiciales y otros documentos a los que hemos tenido acceso.
Estamos dispuestos a compartirlo tanto con la Corte Penal Internacional, como con otras jurisdicciones que actúen bajo el principio de la jurisdicción universal, como es el caso de los dos procesos que están abiertos en Argentina por crímenes de lesa humanidad cometidos en Venezuela. Podemos compartir esa información siempre y cuando la persona que nos dio una entrevista, nos dé el consentimiento para hacerlo.
Por ahora, lo que es público es que la Fiscalía de la Corte Penal Internacional, en todos sus documentos sobre Venezuela pero de forma más significativa en el último, ha citado nuestros informes de manera exhaustiva frente a los jueces para argumentar por qué se debería permitir a la Fiscalía seguir investigando a Venezuela.
Con información de BBC
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