Los márgenes de ganancia de distribución y los impuestos añaden 30,5 mil millones al precio de fábrica de los medicamentos en América Latina, lo que significa un valor 63 por ciento más alto para los pacientes y sistemas de salud de la región.
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El porcentaje está muy por encima del valor de referencia internacional de 24 % encontrado en 35 países fuera de América Latina. Si los márgenes de beneficio y los impuestos se redujeran a este nivel, el ahorro en los países latinoamericanos podría alcanzar los 19 000 millones de dólares, señala un artículo publicado en la revista Value in Health Regional Issues.
En el estudio, los investigadores analizaron datos de ventas minoristas de productos farmacéuticos de 2020 en ocho mercados principales de América Latina: Argentina, Brasil, Chile, México, Perú, Centroamérica y el Caribe (incluidos Costa Rica, República Dominicana, El Salvador, Guatemala, Honduras y Panamá), Colombia y Ecuador.
Utilizaron la metodología Price Decipher, desarrollada por el equipo de Negociación y Gobernanza Global de Precios de Novartis -la compañía farmacéutica que financió la investigación- para separar el precio final de los medicamentos en tres componentes: precio de fábrica, márgenes de distribución (mayorista y minorista) e impuestos.
El valor total de mercado de los medicamentos analizados, a precios de fábrica, fue de 49 000 millones de dólares. Los márgenes de distribución agregaron 20 000 millones de dólares a este valor, y los impuestos agregaron otros 10 500 millones.
Giovanny León, director ejecutivo de Medicines Affordability & Adherence Alliance y uno de los autores del estudio, explicó que un factor clave que impulsa el alto costo de los medicamentos en América Latina es el Impuesto al Valor Agregado (IVA).
“El impacto del IVA y otros impuestos es significativo en Argentina y Brasil, provocando aumentos de 32 y 35 % en los precios de fábrica, respectivamente. Argentina agrega un impuesto provincial a la circulación –Ingresos Brutos– y un impuesto de dispensa sobre los márgenes de ganancias minoristas. Chile impone un IVA del 19 por ciento a los medicamentos, agravando aún más el problema”, detalló León.
El estudio también reveló grandes disparidades entre los países de la región. Mientras Brasil y Argentina presentaron los mayores porcentajes de aumento (75 % y 73 %, respectivamente), en Colombia y Ecuador la situación fue ligeramente mejor: 35 % y 30 %, aunque aún por encima del parámetro internacional de 24 %.
Pero, según León, la realidad no es tan alentadora. “Aunque México, Colombia y Ecuador ofrecen cierto alivio al eximir del IVA a los medicamentos esenciales, otras estructuras tributarias aún representan barreras para las poblaciones de bajos ingresos, con tasas de 16, 19 y 12 %, respectivamente”, señaló.
Poca transparencia y regulación
La directora de Investigación de la Fundación Acceso a los Medicamentos, Claudia Martínez, que no formó parte del estudio, destacó que, en los países de ingresos bajos y medios, las cadenas de suministro y distribución de medicamentos tienden a ser complejas y menos transparentes y reguladas.
“Las cadenas de suministro en estos países a menudo incluyen múltiples intermediarios, como los propios fabricantes, importadores, almacenes médicos centrales, almacenes regionales, centros de salud y farmacias. Cada una de estas capas puede influir en el precio final que pagan los pacientes”, dijo Martínez.
Cada dos años, la Fundación Acceso a los Medicamentos publica un informe que evalúa a las empresas farmacéuticas en relación con el acceso a los medicamentos en países de ingresos bajos y medios. Se espera que se publique un nuevo informe a fines de este mes.
Posibles soluciones
Para los investigadores del estudio latinoamericano, la solución al problema pasa principalmente por dos aspectos: reducir o eliminar impuestos a los medicamentos esenciales y fortalecer la regulación sobre los márgenes de ganancia, es decir, limitar el valor al que se puede incrementar el precio de un producto en cada etapa de su distribución.
En cuanto a los impuestos, León citó el ejemplo de México y Hungría, que gravan productos nocivos para la salud, como las bebidas azucaradas o los alimentos ultraprocesados. “Esto podría compensar los impuestos regresivos a los medicamentos esenciales y mejorar significativamente la salud pública”, destacó.
Claudia Martínez agregó que las propias empresas pueden proporcionar pautas de precios a los distribuidores o establecer obligaciones contractuales que se alineen con las leyes locales para gestionar los aumentos de precios.
El director puso como ejemplos a Gilead, que controló los precios de venta y los márgenes de beneficio de sus medicamentos contra el VIH en algunos países, y a Sanofi, que ha tratado de actuar sobre los márgenes de beneficio de la insulina para mejorar la accesibilidad.
Según Martínez, las empresas también pueden fortalecer la capacidad de la cadena de suministro en los países de ingresos bajos y medios, ayudándoles a consolidar una infraestructura que ayude a evitar márgenes excesivos de beneficio.
Sugiere que las empresas colaboren con los distribuidores y las organizaciones locales en cuestiones como compartir datos, apoyar la entrega final de los productos y combatir la circulación de medicamentos de calidad subestándar o falsificados.
Este artículo fue producido por la edición de América Latina y el Caribe de SciDev.Net
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