La Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos de la ONU sobre Venezuela emitió hoy una contundente declaración denunciando la práctica sistemática de la administración de Nicolás Maduro de detener a opositores y figuras percibidas como tales en condiciones de aislamiento e incomunicación, lo que a menudo equivale a desapariciones forzadas. La Misión expresó su profunda preocupación por esta táctica y por la generalizada falta de protección judicial efectiva en el país.
Según la Misión, estas detenciones selectivas forman parte de un plan deliberado del aparato represivo estatal para silenciar a voces disidentes, incluyendo defensores de derechos humanos, e infundir miedo en la población.
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«Mantener a personas opositoras en condiciones de aislamiento e incomunicación es una práctica perversa e ilegal que puede constituir un crimen internacional», afirmó Marta Valiñas, presidenta de la Misión.
La Misión señaló como responsables de esta práctica a diversos cuerpos de seguridad del Estado, incluyendo el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN), la Guardia Nacional Bolivariana (GNB), la Policía Nacional Bolivariana (PNB) y la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM), en connivencia con el Ministerio Público. Además, criticó la complicidad de los juzgados penales y la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia al asegurar la impunidad de estos crímenes y graves violaciones de derechos humanos.
Derechos fundamentales negados
Un punto central de la preocupación de la Misión es la inoperancia del recurso de habeas corpus, un mecanismo fundamental contra detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas y riesgo de tortura. En los últimos meses, la Misión corroboró que en al menos 20 casos, los recursos de habeas corpus no fueron recibidos, fueron rechazados o no obtuvieron respuesta. De los 13 casos en los que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha concedido medidas cautelares en 2025, en nueve se registra explícitamente la falta de efectividad de este recurso.
Patricia Tappatá, experta de la Misión, calificó la indiferencia o negativa del aparato judicial a tramitar habeas corpus como un «grave incumplimiento de los deberes de sus funcionarios y supone un acto de complicidad».
El reciente caso del abogado y defensor de derechos humanos Eduardo Torres, de Provea, desaparecido desde el 9 de mayo, ilustra esta desprotección. Familiares y abogados esperaron horas para intentar introducir un recurso de habeas corpus ante la negativa inicial de la jueza. El recurso fue finalmente aceptado por la Sala Constitucional sin que hasta ahora se conozca una decisión.
La Misión recordó que la privación grave de libertad en violación del derecho internacional, la tortura y la desaparición forzada son crímenes de lesa humanidad cuando se cometen de forma sistemática contra la población civil y con conocimiento de dicho ataque.
«Como hemos expresado reiteradamente, estas conductas se están cometiendo en Venezuela como parte del crimen de lesa humanidad de persecución fundada en motivos políticos», afirmó Francisco Cox, experto de la Misión.
Con información de EFE
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