Estados Unidos intensifica su ofensiva contra inmigrantes legales, generando alarma entre la comunidad latina. Su administración ha estrechado las reglas para revocar la residencia permanente, aumentando las detenciones de titulares de green card por historial criminal leve.
Además, un presupuesto millonario refuerza al ICE y prioriza redadas, lo que ha hundido la confianza de las personas que tienen autorización legítima para vivir en Estados Unidos, reseñó Semana.
El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) advirtió recientemente que cualquier residente permanente con antecedentes criminales está expuesto a “detención obligatoria” al regresar al país. Esta ampliación del criterio judicial significa que personas con ofensas menores, incluso no violentas, podrían enfrentarse a procesos de deportación sin garantías previas.
En paralelo, el Congreso aprobó un presupuesto de 75 mil millones de dólares para ICE en cuatro años, destinado a reclutar más agentes, ampliar centros de detención y financiar cooperación local.
Esta inyección histórica, superior a 45 mil millones de dólares para infraestructura carcelaria y 30 mil millones de dólares para actividades de deportación, convierte a ICE en una de las fuerzas policiales más grandes del país.
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Organizaciones civiles alertan sobre el impacto económico y social. Eliminar inmigrantes permanentes provocaría la pérdida de casi seis millones de empleos, tanto de extranjeros como de ciudadanos estadounidenses, en sectores clave como construcción y cuidado infantil.
También señalan que este tipo de política puede erosionar la cohesión comunitaria, la protección legal y la economía local.
La situación ha generado un efecto paralizador en viajes y trámites, incluso entre quienes poseen residencia o visas vigentes. Familias cancelan bodas y viajes por temor a no ser admitidos al reingresar a Estados Unidos bajo reglas de escrutinio aleatorio heredadas de ICE y CBP.
Abogados de inmigración advierten que este clima de incertidumbre incluso afecta a ciudadanos e impacta al turismo y los eventos internacionales.
Asimismo, casos de personas detenidas pese a tener vínculos estrechos con Estados Unidos han generado indignación. Un ejemplo reciente es el de una madre canadiense que vive en Estados Unidos desde hace 25 años.
Fue arrestada durante su trámite de residencia, separada de sus hijos nacidos en el país. Su familia, que apoyó la reelección de Trump, se siente traicionada.
Otro caso significativo es el de una madre de familia, esposa de un militar, detenida tras descubrirse una orden de deportación previa. Esta detención revela una línea más estricta contra cónyuges de servicio.
Mientras tanto, el mandatario también ha impulsado iniciativas para crear nuevas vías de residencia exclusiva para inversionistas adinerados.
Su proyecto Trump Gold Card, de cinco millones de dólares, busca reemplazar el programa EB‑5, exigiendo montos millonarios a cambio de residencia y eventual ciudadanía. Esta propuesta ha sido criticada debido a posibles riesgos de lavado de dinero y presión sobre los precios de vivienda.
Legalistas recuerdan que cláusulas de la 14º enmienda y jurisprudencia vigente exigen procesos judiciales adecuados para cualquier revocación de residencia o ciudadanía. De hecho, hay demandas en curso contra la orden ejecutiva de Trump que limita la ciudadanía por derecho de suelo, con posibilidad de repetición por acción de clase.
La combinación de presupuesto faraónico para ICE, cambio de normativas que dificultan la defensa legal de residentes permanentes y propuestas elitistas como la gold card muestran una estrategia implacable de control migratorio.
Las fuerzas comunitarias, legales y económicas ya están alertando sobre los profundos efectos sociales, legales y laborales que esto implica. Como dijo un portavoz de CBP, “tener green card no lo exime de responsabilidad legal”.
Con información de EFE
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