“Tengo el pasaporte anulado y me da miedo de ir a una oficina del Saime a tramitarlo de nuevo”, relata un activista de derechos humanos. “Mi pasaporte también fue anulado pocos días después de las elecciones presidenciales”, cuenta un ciudadano común. Ambos dicen desconocer las causas de una medida que califican de injusta y arbitraria.
Algunos afectados descubren la invalidez del documento al ingresar al sistema del Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería (Saime). Otros se topan con la situación en el Aeropuerto Internacional de Maiquetía, cuando están a punto de abordar un vuelo. Según denuncias, pueden aparecer en una lista o ser retenidos por decisión discrecional de un funcionario militar o policial, tras un interrogatorio que organizaciones de derechos humanos consideran ilegal, refiere Efecto Cocuyo.
El coordinador general de Provea, Oscar Murillo, advirtió que la anulación arbitraria de pasaportes ha impactado a defensores de derechos humanos, periodistas, docentes, líderes políticos y otras personas vinculadas con la defensa de libertades fundamentales.
La invalidación del documento de identidad se suma a otras violaciones de derechos en medio de una ola represiva que se consolidó en el país luego de las elecciones presidenciales de 2024, contra opositores y quienes lo parezcan”, señaló.
Murillo explicó que la anulación del pasaporte vulnera el derecho al libre tránsito, la identidad y la posibilidad de participar en foros internacionales. El artículo 50 de la Constitución venezolana establece que “toda persona puede transitar libremente y por cualquier medio por el territorio nacional, cambiar de domicilio y residencia, ausentarse de la República y volver, trasladar sus bienes y pertenencias en el país, traer sus bienes al país o sacarlos, sin más limitaciones que las establecidas por la ley”.
El Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil) documentó 40 casos de anulaciones posteriores a los comicios presidenciales en los que el Poder Electoral declaró a Nicolás Maduro presidente reelecto sin mostrar evidencias.
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Según Cejil, los afectados fueron periodistas y defensores de derechos humanos; 35 de ellos se enteraron en agosto de 2024. En tres casos, la medida también alcanzó a familiares de las víctimas. La organización denunció el 25 de julio que “la anulación de pasaportes, sin base legal ni notificación oficial, se ha consolidado como herramienta de persecución para silenciar las voces de personas defensoras, al restringir su movilidad y el acceso a espacios de denuncia internacional”.
Provea ha observado que en momentos de mayor tensión política aumentan estos episodios. “Algunos se enteran por el sistema antes de viajar, pero a otras personas se les detiene en el aeropuerto, donde se intensificó la presencia de cuerpos policiales, no solo la migratoria que es la que debería estar normalmente, sino el Sebin, que tiene unas especies de alcabalas antes del chequeo en la aerolínea y somete a la gente a interrogatorios durante los cuales les confiscan los documentos. Han sido afectados familiares de las personas que son blanco de ataque. Estos interrogatorios y anulaciones no tienen base legal”, agregó Murillo.
El defensor alertó que la anulación puede ser antesala de otras violaciones, como detenciones arbitrarias o desapariciones forzadas. Citó el caso del abogado de presos políticos Eduardo Torres, miembro de Provea, quien lleva más de cuatro meses detenido e incomunicado después de denunciar la invalidación de su pasaporte.
La medida afecta tanto a residentes en Venezuela como a ciudadanos en el exterior. Murillo no descarta que existan elementos de corrupción, con funcionarios que anulen documentos para luego exigir pagos a cambio de permitir un nuevo trámite.
La persona queda en absoluta vulnerabilidad, algunos terminan huyendo del país de alguna manera, porque la intención es sembrar miedo para que las ONG y los defensores dejen de cumplir con su misión. Venezuela está al borde de un silencio impuesto como parte de una lógica represiva que conduce al silencio de la sociedad por censura y autocensura”, expresó.
En mayo de 2025, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (Cidh) y su Relatoría Especial para la Libertad de Expresión (Rele) exigieron al Estado venezolano restituir de inmediato los pasaportes a periodistas, defensores y políticos afectados. “El Estado debe restituir de forma inmediata estos documentos de identidad que permiten viajar, trabajar, llevar una vida en familia, acceder a servicios de protección internacional, entre otras cosas, y cesar las prácticas represivas destinadas a sembrar temor en la población civil”, indicaron en un comunicado.
Provea recomienda a los ciudadanos afectados dejar constancia de la violación de sus derechos, incluso ante la Defensoría del Pueblo, aunque este organismo no ofrezca respuestas. “Es importante siempre denunciar. Hay gente que prefiere dejar pasar el tiempo porque hay listas de control que se activan en momentos de mayor tensión política y luego desaparecen. Esto afecta incluso a partidarios del mismo chavismo, es una especie de encierro involuntario”, subrayó Murillo.
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