El gobierno de los Estados Unidos (EEUU) reafirmó este miércoles su postura ante el Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos (OEA), exigiendo que se acelere de forma inmediata la liberación de los presos políticos que aún permanecen en los centros de reclusión de Venezuela.
Durante su intervención, el embajador Leandro Rizzuto enfatizó que, aunque se han registrado algunas excarcelaciones, la cifra de personas detenidas por motivos ideológicos sigue siendo alarmante y requiere una acción urgente.
El diplomático estadounidense señaló que la administración de su país mantiene una vigilancia estricta sobre las violaciones a los derechos humanos en el territorio nacional.
«Los Estados Unidos comparte la preocupación profunda en relación a las continuas detenciones de personas por motivos políticos, incluyendo líderes de la oposición, periodistas, defensores de derechos humanos y ciudadanos extranjeros», manifestó Rizzuto, subrayando que la libertad no debe ser negociable en un sistema que aspire a la democracia.
Según los datos manejados por la delegación norteamericana, aproximadamente mil personas continúan privadas de su libertad por razones políticas.
En este sentido, el vocero fue enfático al solicitar que se cumplan las resoluciones internacionales previas.
«Estados Unidos apoya y pide la liberación de todos estos presos políticos. Esta preocupación no es nueva», recordó el embajador ante los representantes de los países miembros del organismo hemisférico.
El embajador de EEUU también aprovechó el espacio para reconocer la labor de los organismos de protección internacional que han documentado la situación venezolana.
«Los Estados Unidos aplaude la participación continua de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en un tema que afecta a miles de personas. Y le agradecemos a la Comisión no solamente por sus palabras, sino también por su pasión, sus esfuerzos, sus convicciones para la protección de los derechos humanos», puntualizó el funcionario.
Finalmente, el diplomático valoró la reciente salida de 143 personas de las cárceles, calificándolas como ciudadanos que habían sido «injustamente detenidos», entre los que se encontraban beneficiarios de medidas cautelares de la CIDH.
No obstante, reiteró que estos pasos parciales no detendrán la presión internacional hasta que el último preso político sea devuelto a su hogar y se garantice el respeto pleno a las libertades fundamentales en el país.
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