Diversas ONG de derechos humanos comparecieron ante el Congreso de EE.UU. para alertar sobre la urgencia de avanzar hacia una transición democrática real en Venezuela. Los portavoces señalaron que la grave crisis humanitaria, política e institucional del país se ha profundizado drásticamente tras el doble terremoto del pasado 24 de junio.
Durante la sesión, convocada por la Comisión de Derechos Humanos Tom Lantos de la Cámara de Representantes, representantes de Cepaz, WOLA, Justicia, Encuentro y Perdón, y el Centro Robert y Ethel Kennedy delinearon los requisitos mínimos para un proceso de transición legítimo. Según los ponentes, cualquier salida política debe fundarse en la protección de las víctimas, la reconstrucción del Estado de derecho, la participación ciudadana y la rendición de cuentas.
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Entre las medidas inmediatas exigidas por las ONG destacan la liberación plena de todos los presos políticos, la anulación de normativas que restringen el espacio cívico y el libre acceso a relatores e instituciones internacionales de derechos humanos.
Presos políticos: Avances bajo la sombra de la opacidad
A través de una intervención grabada, Martha Tineo, directora de la organización Justicia, Encuentro y Perdón, reconoció que durante el transcurso de 2026 se han producido gestos políticos significativos, entre los que mencionó la promulgación de la Ley de Amnistía y la excarcelación de un grupo importante de detenidos.
No obstante, Tineo denunció la falta de transparencia del proceso. “Las listas oficiales de las personas beneficiadas con las excarcelaciones no han sido entregadas a organismos internacionales ni a las organizaciones de derechos humanos”, señaló, impidiendo que la sociedad civil pueda realizar una verificación independiente de estos anuncios.
Una reconstrucción que va más allá de la infraestructura
Por su parte, Beatriz Borges, directora ejecutiva del Centro de Justicia y Paz (Cepaz), sostuvo que el impacto del sismo del 24 de junio no puede leerse como un desastre natural aislado, sino como la colisión de este con un «desastre institucional» preexistente.
«Ambos hechos dejaron al descubierto la falta de instituciones capaces de proteger a la población», argumentó Borges, quien subrayó ante los congresistas que la reconstrucción de Venezuela no debe limitarse a la obra pública, sino a establecer los cimientos de una transición institucional sólida.
El sismo como detonante de una emergencia crónica
En sintonía con este diagnóstico, la directora para Venezuela de la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA), Laura Cristina Dib, recordó que antes de los movimientos telúricos la situación ya era límite. Datos de Naciones Unidas cifraban en 7,2 millones las personas que requerían asistencia humanitaria en el país, mientras que el plan de respuesta de la ONU apenas había logrado recaudar el 23 % del financiamiento necesario.
Dib detalló que los sismos terminaron de colapsar la infraestructura hospitalaria y forzaron a la ciudadanía y a las organizaciones independientes a asumir las tareas de socorro ante la inacción y la falta de capacidad de las instituciones estatales.
La representante de WOLA concluyó su comparecencia solicitando al Congreso de EE.UU. un respaldo firme y sostenido a la sociedad civil venezolana, enfatizando que la recuperación del espacio cívico y la libertad de prensa son indispensables para viabilizar cualquier salida democrática.
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