Diversas organizaciones gremiales, ONG y líderes políticos en Venezuela exigieron este martes la derogación definitiva de la «Ley Contra el Odio», rechazando la propuesta de reforma parcial presentada ante la Asamblea Nacional (AN) por la presidenta encargada, Delcy Rodríguez.
A través de una misiva difundida este martes, Rodríguez justificó la revisión del texto legal con el objetivo de «avanzar en la despenalización de las conductas previstas» y «favorecer el reencuentro y la convivencia democrática», enmarcando la iniciativa dentro de una transformación del sistema de justicia penal. Sin embargo, los sectores civiles consideran insuficiente este planteamiento.
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«Seguimos exigiendo la derogación», declaró el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP) a través de X. La organización señaló que, aunque eliminar las penas de cárcel sería un avance, la norma conserva mecanismos punitivos como el bloqueo de portales web, la revocación de concesiones a medios y la imposición de multas.
En la misma línea, el Colegio Nacional de Periodistas (CNP) advirtió que el carácter «punitivo y discrecional» de la ley vulnera libertades constitucionales básicas, entre ellas el derecho a la libertad de expresión. Por su parte, la ONG Espacio Público instó a su «derogación inmediata», argumentando que el instrumento legal ha sido utilizado para «criminalizar el pensamiento crítico, perseguir la contraloría social y restringir el ecosistema informativo».
Asimismo, el coordinador general de Provea, Óscar Murillo, urgió a desmontar el marco normativo que ha servido para la persecución ciudadana. «Exigimos cambios genuinos y creíbles. El país rechaza cualquier mecanismo de simulación», aseveró.
Desde el sector político opositor, dirigentes manifestaron su contundente rechazo a la reforma:
- Juan Pablo Guanipa cuestionó que se pretenda modificar una legislación usada durante años para «perseguir, encarcelar y silenciar a venezolanos por motivos políticos», al tiempo que exigió la liberación inmediata de todos los presos políticos, civiles y militares.
- Henrique Capriles Radonski afirmó que los instrumentos creados para castigar la libertad de pensamiento deben ser erradicados por completo. «Lo que corresponde es la derogatoria de la ley. Los que durante años persiguieron y generaron terror ahora hablan de convivencia; ojalá sea real y no otra mentira», enfatizó, solicitando además el cese del uso de medios estatales para campañas de descalificación.
Antecedentes de la norma
La Ley Contra el Odio fue aprobada en noviembre de 2017 por la Asamblea Nacional Constituyente —órgano promovido por el oficialismo en paralelo al Parlamento de mayoría opositora— tras la ola de protestas antigubernamentales de ese año. Su promulgación respondió a una solicitud directa de Nicolás Maduro para sancionar supuestos discursos de odio, fijando penas de hasta 20 años de prisión.
En febrero pasado, el presidente de la AN, Jorge Rodríguez, admitió públicamente que la norma había sido objeto de «usos inadecuados», abriendo la puerta a la revisión legal que hoy genera debate.
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