El Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP) reportó que ocho militares recluidos en el Centro Nacional de Procesados Militares (Cenapromil), conocido como la cárcel de Ramo Verde, sufrieron descompensaciones de salud luego de cumplir cuatro días en huelga de hambre.
De acuerdo con la información difundida por la organización no gubernamental y basada en testimonios de los familiares, los afectados debieron ser atendidos por el servicio médico del penal para recibir hidratación. Los detenidos que presentaron complicaciones de salud fueron identificados como los sargentos Luis Lobo, Padrón Albuja, Juan Bolívar, Giomer Matera, Rafael Mancilla y Romero Catalino, además del teniente Hugo Aparicio y Tony Guevara, todos vinculados con la denominada causa de Cotiza.
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La protesta inició el pasado lunes 9 de noviembre y, según detalló el OVP, involucra a un grupo de 36 efectivos militares. Los reclusos exigen la revisión de sus expedientes ante presuntas irregularidades procesales, así como su inclusión en los beneficios de la Ley de Amnistía, alegando que fueron excluidos de las recientes excarcelaciones.
Denuncias de restricciones y suspensión de visitas
En su reporte, el OVP señaló que, desde el comienzo de la huelga de hambre, el director general del Servicio Penitenciario de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB), general Luis Marcelo Ojeda, habría ordenado restringir el paso de los manifestantes desde la torre hacia el patio, además de limitar su acceso al agua potable y a los sanitarios.
Asimismo, la organización indicó que este viernes fueron suspendidas las visitas para los 235 privados de libertad que permanecen en el recinto ubicado en Los Teques, estado Miranda, y que se reforzó la presencia militar en los accesos del penal. Según el observatorio, esta situación generó un cacerolazo de protesta en las inmediaciones del centro.
Hasta el momento, el OVP sostiene que ninguna autoridad oficial ha acudido al recinto penitenciario para dialogar con los huelguistas ni se ha emitido un pronunciamiento oficial sobre las denuncias. Finalmente, la organización recordó que el Estado venezolano tiene la obligación legal de garantizar la integridad física y los derechos fundamentales de las personas bajo su custodia.
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