Sin clases presenciales desde marzo, unos 8,2 millones de estudiantes de primaria y bachillerato dependen de un precario servicio de internet y de aparatos electrónicos inalcanzables para la mayoría cuando ocho de cada diez venezolanos, según un estudio de las principales universidades de este país de 30 millones de habitantes, viven en pobreza extrema.
Las clases por videoconferencia son inviables, pues el costo de un teléfono inteligente puede representar meses e incluso años de salarios para familias ahogadas por la hiperinflación.
Escapar de los fallos en la conexión a internet y también de los habituales apagones que golpean a los venezolanos puede ser imposible aún si se tiene el privilegio de una buena situación económica.
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En medio de un contexto de desafíos para padres y estudiantes, los maestros no escapan de esta realidad. El año escolar 2020-2021 comenzó entre protestas de maestros exigiendo «salarios dignos».
Además, la Federación Venezolana de Maestros ratificó la “no incorporación al inicio del año escolar por no existir las condiciones necesarias para ello”.
Regresar a clases en este nuevo año escolar, con pandemia o sin ella, supone un reto para los centros educativos en el país.
Hasta el momento no hay una política pública clara y efectiva por parte del Estado para mejorar las condiciones laborales de los docentes, así como la de servicios básicos y de infraestructura de las escuelas.
Con información de: Panorama
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