La directora para las Américas de Human Rights Watch (HRW), Tamara Taraciuk, considera que las violaciones de derechos humanos cometidos por el régimen de Nicolás Maduro en Apure durante los enfrentamientos entre la Fuerza Armada Nacional (FAN) y grupos irregulares que operan en la zona son más evidencias para la Corte Penal Internacional (CPI)».
A través de su cuenta en Twitter, Taraciuk sostiene que «los atroces abusos que el régimen venezolano ha venido cometiendo con impunidad son un caso de estudio y una llamada de atención para la CPI».
La representante de Human Rights Watch, encargada de Venezuela, señala que las violaciones a los DDHH humanos cometidas en Apure desde que se inició el enfrentamiento el pasado 21 de marzo sigue el patrón de abusos cometidos con impunidad en este país: «ejecuciones, detenciones arbitrarias y torturas».
El conflicto entre la FAN y grupos irregulares ha dejado más de 5.000 civiles desplazados hacia Colombia.
Así como denuncias de ataques contra civiles, el asesinato de cuatro miembros de la familia Ramírez Remolina en El Ripial acusados de ser guerrilleros.
También detenciones arbitrarias; como fue el caso de los periodistas de NTN24, junto a dos activistas de derechos humanos de la ONG FUNDARedes; allanamientos ilegales, saqueos y quema de viviendas.
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El enfrentamiento del que se sabe muy poco de forma certeza.
Nicolás Maduro dice que refleja la política de su gobierno de «tolerancia cero hacia los grupos armados colombianos irregulares».
Hasta este 3 de abril, el balance oficial de la FAN habla de dos militares muertos tras ser atacados por la guerrilla.
Al menos nueve funcionarios heridos, nueve muertos acusados de ser «terroristas» y de quienes aún se desconoce su identidad.
31 detenidos que están a la orden del Tribunal Militar 14 de Control con medida privativa de libertad y nueve campamentos destruidos.
Juan Guaidó ha pedido investigar este hecho y otros supuestos excesos de los militares contra la población civil.
En ese sentido, la diputada opositora Delsa Solórzano dijo que remitió un informe a la Alta Comisionada de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para los derechos humanos, Michelle Bachelet, donde recoge testimonios de presuntas violaciones a los derechos fundamentales durante una operación militar en El Ripial, donde aparecieron los cuerpos sin vida de estas cinco personas.
Con información de: InfoBae