La Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos de la ONU afirmó que los crímenes de lesa humanidad, perpetrados por los organismos de seguridad venezolanos, fueron ordenados desde los más altos cargos de la Administración Central.
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“Las investigaciones de la Misión demuestran, con motivos razonables para creer, que varias personas que ocuparon y ocupan cargos en las jerarquías de la DGCIM y el SEBIN cometieron violaciones de derechos humanos y delitos, constitutivos de crímenes de lesa humanidad, incluyendo actos de tortura de extrema gravedad, como parte de un plan diseñado por autoridades de alto nivel para reprimir a los opositores al Gobierno”.
- Nicolás Maduro Líder de las violaciones contra los DDHH
- Delcy Rodríguez: señalada su inacción
- Diosdado Cabello: Funcionario con mayor poder dentro de las fuerzas de seguridad
- Tareck El Aissami: Consultados por Maduro para impartir las órdenes
- Remigio Ceballos: Consultados por Maduro para impartir las órdenes
- Hernández Dala; Director de la DGCIM, el General
- Alexánder Enrique Granko Arteaga; Director de Asuntos Especiales (DAE),
- Carlos Alberto Calderón Chirinos Alto cargo del SEBIN
En su más reciente informe, el tercero que se emite desde el organismo en relación a la situación de derechos humanos en el país, la Misión de la ONU informó que la cadena de mando, para la ejecución de estos crímenes de lesa humanidad, la encabeza Nicolás Maduro.
De acuerdo a la investigación, es Maduro quien en algunas ocasiones daba la orden a los directores de las fuerzas de seguridad para que no solo reprimieran a la población, en medio de las protestas. También, para que llevarán adelante detenciones arbitrarias contra algunos lideres o militantes de la oposición, que eran considerados una amenaza para el oficialismo.
“La Misión recibió información confirmando que el director general (del SEBIN) recibía a su vez órdenes de autoridades del más alto nivel del Gobierno venezolano, incluidos Maduro y Diosdado Cabello.
La maquinaria para reprimir la disidencia
La Misión de la ONU determinó que Nicolás Maduro, con el apoyo de otras autoridades de alto nivel, fueron los principales artífices en “el diseño, implementación y mantenimiento de una maquinaria con el propósito de reprimir la disidencia”.
“En algunos casos, el presidente Nicolás Maduro y otras personas de su círculo cercano, así como otras autoridades de alto nivel participaron en la selección de los objetivos”.
Además de Maduro, los expertos independientes señalaron a Diosdado Cabello como otro de los funcionarios con mayor poder dentro de las fuerzas de seguridad. Ello a pesar que durante el período examinado por la Misión, Cabello no ocupó “una posición dentro de la jerarquía de la organización”.
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“Según numerosas fuentes, Diosdado Cabello también tiene un poder importante dentro del SEBIN y daba órdenes directamente al director general”.
Dentro del círculo de confianza de Maduro también se encuentra la vicepresidenta Delcy Rodríguez, a quien la Misión de la ONU señala su inacción; pese a que presuntamente tenía conocimiento de los crímenes. Actos perpetrados desde el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN) y la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM).
La Misión de la ONU precisó que los ministros de Interior, Justicia y Paz, Remigio Ceballos; y petróleo Tareck El Aissami también eran consultados por Maduro para impartir las órdenes.
“La Vicepresidente (Delcy Rodríguez) conocía o debió haber conocido la comisión de esos delitos en el SEBIN. A pesar de que tenía la autoridad efectiva para hacerlo, no evitó los crímenes y violaciones ni los reprimió”.
En el informe, presentado este 20 de septiembre en Ginebra, también se señala al Director de la DGCIM, el General Hernández Dala; al director de Asuntos Especiales (DAE), Alexánder Enrique Granko Arteaga; y a un alto cargo del SEBIN Carlos Alberto Calderón Chirinos.
Zona minera
Además de las conclusiones sobre el papel de los servicios de inteligencia, el panel de la ONU también publica un informe sobre las violaciones de los derechos humanos, cometidas por “actores estatales y no estatales”, contra la población local en el llamado Arco Minero del Orinoco, extensa región del sur de Venezuela rica en oro y otros minerales como hierro o coltán.
El grupo detalla “privaciones arbitrarias de la vida, desapariciones, extorsiones, castigos corporales y violencia sexual y de género”. En el Estado de Bolívar y en otras zonas mineras, “las poblaciones locales, incluidos los pueblos indígenas, están atrapadas en una violenta batalla entre actores estatales y grupos armados criminales por el control del oro”, añadió.
La misión insiste en la necesidad de una investigación más profunda sobre esta región. Desde su creación en 2019, el grupo de la ONU no ha sido autorizado a entrar en Venezuela y ha llevado a cabo sus análisis en las regiones fronterizas y a partir de entrevistas a distancia.
También la misión basa sus conclusiones en 246 entrevistas confidenciales con víctimas, sus familiares y exfuncionarios de los servicios de seguridad e inteligencia.
Con información de Semana
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