Jesús Manuel Martínez Medina, detenido en Anzoátegui un día después de las elecciones presidenciales del 28 de julio, falleció este jueves bajo custodia del Estado.
La madre del preso político, de 36 años, confirmó a El Pitazo que el deceso ocurrió a las 7:20 de la mañana.
El abogado y exfiscal del Ministerio Público, Zair Mundaray, informó en X que Martínez murió en el Hospital Luis Razetti de Barcelona.
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Martínez, quien había sido testigo electoral en la Escuela Bolivariana Dr. Domingo José Guzmán Bastardo, fue detenido el 29 de julio en su casa en el sector plaza el Carmen, en el municipio Aragua de Anzoátegui, de acuerdo con Mundaray quien el 8 de noviembre alertó sobre las complicaciones de salud del preso político, derivadas de la diabetes tipo II y problemas cardiacos -según dijo- no atendidos desde su reclusión.
El abogado denunció que al hombre le salieron abscesos en la pierna y no le prestaron atención médica hasta que se le infectó su extremidad.
La versión del exfiscal indica que Jesús Martínez requería la realización de un eco para determinar si la pierna debía amputarse, pero no le permitieron salir del centro de detención -aseguró- por la falta de una orden de un juez. Su madre estuvo en tribunales en Barcelona y le dijeron que tenía que hacer las gestiones por Caracas, agregó.
Falta de atención médica a presos políticos
La Plataforma Unitaria Democrática (PUD) denunció el 10 de noviembre en X la falta de atención médica a los presos políticos.
Consideró que casos como el de Jesús Martínez en Anzoátegui «visibilizan trágicamente la gravedad de las consecuencias de no recibir atención médica tras las rejas”.
“Exigimos justicia, atención médica inmediata a los detenidos y libertad. Negar atención médica oportuna es una clara violacion a los derechos humanos y conlleva responsabilidad individual para quien debe brindarla”, añadió en la publicación.
Delsa Solorzano, dirigente de Encuentro Ciudadano, recordó recientemente en X que, según la Constitución, el Estado tiene la responsabilidad de resguardar la vida y la salud de los privados de libertad.
Citó el artículo 43: “El derecho a la vida es inviolable. Ninguna ley podrá establecer la pena de muerte, ni autoridad alguna aplicarla. El Estado protegerá la vida de las personas que se encuentren privadas de su libertad, prestando el servicio militar o civil, sometidas a su autoridad en cualquier otra forma”.
Al menos 2.400 personas quedaron detenidas en el marco de las protestas contra la victoria electoral del presidente Nicolás Maduro, anunciada sin que se revelaran resultados detallados.
La oposición denunció fraude y aseguró, con base en el 83,5 % de las actas electorales que publicó en un sitio web, que el verdadero ganador fue su abanderado Edmundo González Urrutia. El gobierno considera falsos estos documentos.
Con información El Carabobeño
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