El estado Aragua se prepara para una transformación profunda en su ordenamiento civil con la discusión del proyecto de Ley de Convivencia Ciudadana en el Consejo Legislativo (Cleba).
El proyecto, impulsado en la gestión de la gobernadora Joana Sánchez, destaca por la implementación de sanciones severas que, ancladas a la moneda de mayor valor del Banco Central de Venezuela (BCV), podrían superar los 16.000 bolívares (aproximadamente 50 euros) por infracción.
En entrevista con Katiana Hernández, presidente del Cleba, adelantó los principales temas y sanciones que contempla este proyecto de Ley que fue aprobado en primera discusión y actualmente, se encuentra en la fase de consulta pública con los sectores involucrados.
Un enfoque educativo frente a lo punitivo
A pesar del impacto económico de las sanciones, la legisladora Katiana Hernández enfatizó que el espíritu de la ley no busca castigar, sino formar.
“No estamos impulsando un proyecto punitivo, al contrario, es un gran proceso de educación vial y para el fortalecimiento de la convivencia ciudadana”, señaló Hernández.
Para asegurar esto, la normativa contempla alternativas como el trabajo comunitario, llamados de atención y planes de concienciación obligatorios en escuelas de tránsito.
Digitalización y transparencia contra el abuso
Para combatir la corrupción y garantizar el debido proceso, el estado migrará a un sistema de notificaciones digitales.
Sobre este mecanismo, la diputada explicó: “El ciudadano va a recibir su multa electrónica a través de su correo electrónico y con su celular”.
Asimismo, para evitar discrecionalidad policial, se habilitará una oficina única en la sede de la Policía Bolivariana de Aragua donde los ciudadanos podrán ejercer su derecho a la defensa.
“Se determinará una oficina para que se pueda ejecutar el derecho a la defensa ante un debido proceso de atención”, puntualizó.
Orden en las vías y protección ambiental
La ley pone la lupa sobre el uso de motocicletas, prohibiendo el traslado de más de dos personas o menores de 10 años, además de regular el transporte de carga en estos vehículos.
“Hay personas que adquieren vehículos y nos van a manejar, es.contradictorio pero no saben manejar (…) Tampoco pueden circular con tres o cuatro personas, los niños menores de 10 años no pueden ir ahí”, advirtió Hernández respecto al uso incorrecto de las unidades.
El texto legal protege áreas críticas como el Parque Nacional Henri Pittier y a poblaciones vulnerables frente al uso de pirotecnia.
Respecto al destino de los fondos recaudados, se propone que una parte sea invertida en la recuperación de la vialidad y el fortalecimiento de las unidades de transporte del estado, asegurando que el dinero retorne en beneficios tangibles para la comunidad.
También señaló que se contemplan bonificaciones para funcionarios e instituciones que apliquen las multas, a fin de evitar que las sanciones se resuelvan fuera de la ley.
Finalmente Hernández reiteró la disposición de los legisladores de preservar la vida no solo de loa aragüeños, sino también de los visitantes, en el tema de educación vial.
También aseguró que la Ley de Convivencia Ciudadana, que se discute en Aragua, tendrán tiempos de aplicación, así como disposiciones generales antes de entrar en vigencia.
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