Una coalición conformada por 11 organizaciones no gubernamentales, bajo el liderazgo de SOS Orinoco, manifestó su profunda preocupación ante las recientes licencias emitidas por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) de Estados Unidos.
Según las organizaciones, estas medidas podrían convertir al país en el epicentro de uno de los mayores mecanismos de blanqueo de oro ilícito a nivel global.
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Las disposiciones identificadas como las Licencias Generales 51A, 54 y 55 amplían las actividades permitidas con minerales venezolanos.
Para la sociedad civil, esto representa un retroceso que pone en riesgo la integridad de los mercados internacionales al interactuar con un sistema minero donde convergen redes criminales y estructuras militares.
El alcance de las nuevas medidas mineras
La Licencia General 51A permite la reapertura de canales comerciales para el oro venezolano, facilitando transacciones autorizadas por el gobierno estadounidense. Por su parte, la Licencia 54 abre la puerta a acuerdos de inversión contingentes en el sector de minerales críticos.
No obstante, las ONG consideran que la Licencia 55 es la más alarmante, pues permite negociaciones y estructuras de inversión futuras antes de que se implementen reformas de gobernanza reales.
En el comunicado emitido por la coalición, se advierte sobre la vulnerabilidad de estos canales: «El oro procedente de zonas mineras ilegales de Venezuela, de lugares controlados por grupos armados y de países vecinos como Guyana, Brasil y Colombia puede ahora blanquearse a través de canales venezolanos recién autorizados».
Un sistema de extracción de alto riesgo
Las organizaciones denunciaron que el Arco Minero del Orinoco funciona bajo un esquema donde entidades estatales y grupos irregulares controlan la comercialización del mineral.
Este modelo ha derivado en una destrucción ambiental sistémica por el uso de mercurio y en graves violaciones a los derechos humanos, especialmente contra comunidades indígenas.
La coalición exigió la revocación de estas licencias y la reimposición de sanciones contra Minerven y la Corporación Venezolana de Minería (CVM). Además, solicitaron que se reconozca la deuda ecológica acumulada y que se establezcan mecanismos rigurosos de cumplimiento ambiental y de derechos humanos para evitar que el flujo de recursos alimente la corrupción.
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