Trabajadores, jubilados, pensionados y representantes gremiales de la Universidad Central de Venezuela (UCV) se concentraron este 15 de abril frente al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) en Caracas para exigir una respuesta sobre la demanda por presunta «omisión constitucional en materia salarial», introducida el pasado 2 de febrero.
De acuerdo con los manifestantes, la demanda invoca el artículo 91 de la Constitución, relacionado con el derecho a un «salario digno».
Dick Guanique, miembro de la Asamblea Nacional Constituyente de Trabajadores, señaló que han transcurrido más de dos meses sin decisión del máximo tribunal sobre el amparo que, según indicó, el plazo de respuesta debía ser de cinco días.
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Al TSJ ingresó una comisión encabezada por el decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la UCV, Juan Carlos Apitz, junto a representantes de la Asociación de Profesores de la UCV (APUCV) y otros gremios universitarios, para solicitar pronunciamiento sobre la acción legal interpuesta contra el Estado venezolano en materia de ajuste salarial desde 2023.
Los manifestantes también denunciaron que fue negado el acceso a la sede del TSJ al presidente de la Asociación de Profesores de la UCV (Apucv), José Gregorio Afonso. En el lugar, los asistentes corearon consignas como “Queremos entrar”.
Por otra parte, el secretario general de la Confederación de Trabajadores de Venezuela (CTV), José Elías Torres, informó que el quinto Foro de Diálogo Social se llevará a cabo los próximos 28 y 29 de abril, con participación tripartita de empleadores, trabajadores y representantes del Estado.
Torres explicó que inicialmente el encuentro contará con la participación de cuatro centrales sindicales que han dado seguimiento al proceso, aunque el objetivo «es ampliar la incorporación a todas las organizaciones sindicales del país».
Asimismo, adelantó que la agenda del foro estará centrada en la revisión y exigencia de cumplimiento de tres convenios laborales actualmente en discusión, en el marco del diálogo social impulsado entre sectores laborales, empresariales y el Estado.
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