La ONG Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (Provea) exigió a la Defensoría del Pueblo intervenir de manera urgente para supervisar el megaoperativo militar desplegado por la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) en las localidades de Las Cristinas y el kilómetro 88 del estado Bolívar. La organización demanda que se garantice el respeto a los estándares de derechos humanos de la población civil.
A través de un comunicado difundido en sus redes sociales, Provea confirmó que la operación está siendo conducida por efectivos del Ejército venezolano en el kilómetro 88, un territorio controlado por grupos armados ilegales que operan bajo la dinámica del Arco Minero del Orinoco.
Alerta por antecedentes de ejecuciones y detenciones arbitrarias
Ante el despliegue militar, la ONG alertó sobre el riesgo inminente de que se registren ejecuciones extrajudiciales y detenciones arbitrarias. Provea recordó que operativos similares implementados en el pasado en zonas mineras y populares —como las Operaciones de Liberación del Pueblo (OLP) y los Operativos Trueno— contaron con la participación de la FANB y dejaron un saldo de cientos de abusos y atropellos contra civiles ajenos a los conflictos. Por este motivo, reiteraron la necesidad de una contraloría inmediata por parte de la Defensoría del Pueblo.
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Asimismo, la organización solicitó a la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, informar de manera transparente sobre el alcance real de la operación, el número de personas detenidas, su situación jurídica y las condiciones en las que se encuentra la población civil en el área afectada.
El rechazo al «uso indiscriminado de la fuerza»
El comunicado enfatiza que el despliegue de la fuerza pública no puede ser la respuesta estatal a años de desatención en la región:
«Recordamos que el Estado venezolano abandonó sus obligaciones de proveer seguridad y calidad de vida a los pobladores de esta región del país. Ahora, ese abandono no puede ser sustituido mediante una actuación pendular basada en el uso excesivo e indiscriminado de la fuerza pública», denunció la ONG.
Finalmente, Provea recordó que las autoridades tienen la obligación constitucional e internacional de garantizar la vida, la integridad física y el debido proceso de todas las personas que habitan en las zonas afectadas por el Arco Minero del Orinoco.
El Ejército venezolano despliega un mega-operativo en Las Cristinas y el km 88 del Edo. Bolívar.
— PROVEA (@_Provea) June 9, 2026
Alertamos sobre el riesgo de ejecuciones extrajudiciales y detenciones arbitrarias contra la población civil en la zona.
Fuentes confirmaron a PROVEA que la operación está siendo… pic.twitter.com/DwQHSMjpOj
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